Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
Ayer, miércoles 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. De acuerdo con el artículo 2do del Convenio Internacional contra la Desaparición Forzada de la ONU, se entiende por este crimen “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
La desaparición de personas es uno de los sufrimientos más crueles que puede enfrentar una familia. Incluso, puede llegar a ser peor que el asesinato, toda vez que se ignora el destino final de la víctima y que la incertidumbre de su paradero puede convertirse en un temor –o esperanza- de tiempo indefinido.
Según los últimos datos oficiales (julio 2023) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) –dependencia de Segob- la desaparición de personas mantiene en esta incertidumbre a más de 111 mil familias mexicanas.
Hace apenas unos días, el caso de los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, en Jalisco, puso en relieve el grado de violencia que están alcanzando los grupos del crimen organizado. Lo sucedido conmocionó a todo el país con excepción de una persona: el presidente López Obrador que decidió convertir la tragedia en un chistorete.
Los desaparecidos y la falta de empatía con las víctimas y sus familiares se están convirtiendo en el sello de este gobierno. En lo que va del sexenio de López Obrador han desaparecido 43 mil personas. En promedio desaparecen 25 personas al día. Una cada hora.
Estas cifras son escalofriantes, sin embargo, es importante subrayar que son resultados de conteos oficiales y que los especialistas en el tema, activistas y familiares de las víctimas concuerdan en señalar que aún existe un subregistro muy grande y que si queremos conocer el número real de desaparecidos tendríamos que multiplicarlas cuando menos por cinco.
Ante esta tragedia nacional, López Obrador no solo continúa sin reconocer el fracaso de su estrategia de “abrazos, no balazos” para combatir al crimen organizado, sino que, además, se niega a reunirse a escuchar a los familiares de las víctimas como es el caso de las madres buscadoras que ayer salieron a marchar y que durante los últimos años han evidenciado que México está convertido en una fosa clandestina.
Apenas la semana pasada Karla Quintana dimitió a su cargo en la CNB y para colmo de males, de acuerdo con la revista Proceso, la renuncia se dio porque “el subsecretario Alejandro Encinas le exigió a Quintana que buscara “la manera” de reducir el número de reportes de desaparición, porque el presidente sostiene que están “inflados”.
Cínicamente López Obrador ha confirmado que su intención es usar a los mal llamados “servidores de la nación” para que “actualicen” el registro de personas desaparecidas. Obviamente la intención es depurar y dejar de alimentar el registro.
Es decir, en lugar de intentar implementar una nueva estrategia de seguridad para detener la desaparición de personas, este gobierno implementará un mecanismo para maquillar los datos, para desaparecer a los desaparecidos.
El día para conmemorar la desaparición forzada se estableció en 2010, originalmente la intención era recordar a las víctimas y promover las medidas necesarias para asegurarse que su crimen no quedara impune, pero, lamentablemente, la desaparición de personas en México con el consentimiento –ya sea por omisión o complicidad- de este gobierno con el crimen organizado y seguida de la clara intención de negar su desaparición para maquillar los datos es la realidad del día a día, es una desaparición forzada.
Artículo publicado el 31 de agosto de 2023 en El Diario del Yaqui
