Por Antonio Medina Trejo
Desde que inició el actual gobierno se agudizó el desabasto de medicamentos en todo el sistema de salud de México. El motivo, más allá del desorden que tienen las instituciones públicas de salud o la falta de presupuesto, fue que el presidente López Obrador decidió de manera unilateral cancelar los convenios de compras consolidadas con farmacéuticas y la distribución, según él, para quitar la corrupción en el sector.
Al momento no se ha procesado a nadie por dichas acusaciones del presidente, aunque sí han muerto personas debido al desabasto criminal que generó la decisión presidencial, la cual se resintió desde el primer trimestre del 2019 en personas que viven con VIH al no tener sus antirretrovirales con la regularidad con la que los habían recibido en los últimos años.
Ante esta arbitrariedad del gobierno mexicano, activistas de la lucha contra el sida protestaron en mayo del 2019, mientras que un grupo de personas seropositivas emprendieron denuncias de amparo para obligar al gobierno a surtirles sus medicamentos.
La acción, defendida por el Partido de la Revolución Democrática, resultó efectiva pues antes de las 72 horas después de haber interpuesto el amparo colectivo, los denunciantes recibieron sus medicamentos. La defensa de esa estrategia fue llevada a cabo por la abogada Andrea Rocha, quien ya había emprendido acciones similares en la defensa de personas por otras violaciones a sus derechos humanos.
El logro se difundió en los medios de comunicación y generó una expectativa para grupos de personas con enfermedades crónicas, como mujeres con cáncer de mama, quienes contactaron a la abogada Rocha en el estado de Oaxaca para unirse en un amparo colectivo en defensa de su salud. Casos similares se dieron en personas con leucemia, lupus o diabetes en varias entidades del país.
En todos los casos la argumentación de la litigante ha estado sustentada en la defensa constitucional del acceso al derecho a la salud que está consagrado en nuestra Constitución, y el Estado mexicano está obligado a garantizarlo sin pretextar temas económicos, que para el caso de las enfermedades crónicas, no hay razón, ya que desde hace varios años en México se había logrado garantizar el suministro de medicamentos para enfermedades de alto costo en todas las instituciones de salud.
El tema del desabasto de medicamentos en las instituciones públicas se agudizó en el año 2020 con la llegada del Covid19. El gobierno federal de plano no le importó resolver el desastre que causó al inicio de la administración y sin estrategia alguna inició el año con desabasto prácticamente generalizado, yo no sólo de medicamentos de alto costo para enfermedades crónicas, sino de insumos elementales para la atención de la salud en todas las instituciones, que se vieron rebasadas por la nueva pandemia.
Un sector fuertemente golpeado y que se levantó con protestas como cierres de vías primarias hacia el aeropuerto de le Ciudad de México, o plantones frente a Palacio Nacional, fue el de padres y madres de niñas y niños con cáncer, que han tenido que deambular por todas las instituciones públicas exigiendo el suministro de quimioterapias para sus hijos e hijas.
El día de ayer, que se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, la abogada Andrea Rocha informó que han transcurrido ya 839 días de desabasto de medicamentos, tiempo en el que ha interpuesto 33 amparos para exigir el cumplimiento del derecho a la salud de infantes con cáncer en 12 estados del país, en donde más de 200 padres y madres de familia han padecido el dolor de ver cómo se deteriora la salud de sus hijos e hijas.
La omisión criminal del presidente, como lo calificó la ex senadora Angélica de la Peña, tiene entre la vida y la muerte a miles de infantes con cáncer en nuestro país, a pesar de ello, la soberbia del presidente López lo ha llevado a violentar a este grupo de padres y madres aduciendo que están en contra de su gobierno, que son conservadores y no es capaz de asumir la irresponsabilidad de sus decisiones.
La abogada Rocha interpuso una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de que ese órgano de defensa internacional observe al gobierno mexicano por la violación flagrante del derecho a la salud, en este caso, de infantes.
Se espera que el gobierno reaccione y cumpla con su obligación, de lo contrario, los padres y madres, escalarán su lucha por la vida de sus hijos e hijas, quienes a pesar del maltrato del Estado mexicano, han gozado del inmenso amor familiar y la solidaridad y afectuosa atención del personal médico de las instituciones de salud, también víctimas del maltrato gubernamental.
@antoniomedina41
