Por Antonio Medina Trejo
Vivir con una enfermedad crónica y depender de una terapia para seguir con vida debe ser una de las experiencias más angustiantes, tanto para quien requiere de atención médica y medicamentos, como para familiares y seres queridos de la persona enferma.
En los tres últimos años México ha experimentado una de las crisis más agudas de desabasto de medicamentos para enfermedades crónicas, debido a decisiones políticas que han cambiado los esquemas de compras consolidadas con las farmacéuticas internacionales y por el desmantelamiento de la cadena de distribución de los fármacos en todo el territorio nacional.
La crisis se ha agudizado además por el desorden institucional que se tiene en todo el Sistema Nacional de Salud debido a la reorientación sin orden del presupuesto en salud a otros rubros desde 2019.
Las decisiones del presidente López Obrador en temas de salud, no tomaron en cuanta datos estadísticos sobre la información de cada institución, por lo que miles de personas con cáncer, diabetes, leucemia, lupus o VIH, vieron afectada su salud tanto física como emocional.
La creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) desde inicio de este sexenio generó un caos administrativo que afectó directamente el derecho a la salud de millones de pacientes, pues al desmantelarse el Seguro Popular, que fue fundado en 2003, para 2018, ya atendía a 54 millones de derechohabientes de todo el país sin seguridad social, los cuales quedaron a la deriva.
Los motivos que tuvo el actual presidente de México en desmantelar ese sistema de salud fue principalmente por la corrupción que dijo haber encontrado y los negocios exorbitantes entre farmacéuticas extranjeras con funcionarios públicos de las instituciones de salud.
Al día de hoy no existe una sola funcionaria o funcionario público indiciado por las acusaciones del presidente, ni empresarios farmacéuticos en la cárcel por motivos relacionados con sobornos. Tampoco hay una coordinación interinstitucional del sector salud con la Secretaría de la Función Pública que esté dando seguimiento a las denuncias públicas del presidente.
Lo que sí ha sucedido a tres años de iniciado el gobierno actual, de acuerdo a la organización civil “Nariz Roja”, es el deceso de 170 personas por cáncer, de las cuales 1600 son niños y niñas. De las otras enfermedades crónicas no se tienen datos debido a que los decesos se registras por otras causas sin mencionar los motivos reales.
La gente se acostumbra a todo, hasta a tener que resolver sus problemas de salud a falta de instituciones capaces de optimizar los recursos económicos que reciben de los millones de derechohabientes del IMSS, ISSSTE, PEMEX, ISFAM.
La realidad es que en todas las instituciones públicas de salud hay desabasto de medicamentos y los instrumentos médicos para los tres niveles de atención, es insuficiente o de plano inexistente.
Músculo ciudadano por la salud
Ante esta debacle de salud pública en México, grupos de personas que viven con enfermedades crónicas se han organizado, particularmente de papás y mamás de niños y niñas con cáncer, que en últimas fechas han sido estigmatizados arteramente por el gobierno mexicano que ha construido una narrativa victimista al grado de suponer que al organizarse y protestar, están gestando un movimiento golpista patrocinado por grupos conservadores internacionales.
Del tamaño de esa absurda acusación, emitida por el subsecretario, Hugo López Gatell, es el desastre y afectación a la salud de cientos de miles de pacientes con enfermedades crónicas en nuestro país, que lejos de resolver el impacto de la pandemia de Covid en México, el vocero de López Obrador, ha optado por informar con base en criterios políticos y clientelares, antes que hacerlo en la lógica de un Estado que atiende una emergencia sanitaria y protege a su población.
Los agravios de este gobierno en contra de los niños y las niñas con cáncer y sus padres son muchos. La promesas de resolver el desabasto no se han cumplido. Los engaños de las instituciones rayan en el cinismo, mientras la salud emocional y física de las y los infantes se deteriora.
Ante la indolencia gubernamental, grupos de padres y madres de niños y niñas con cáncer han convocado a una proteste pública el próximo 24 de julio en el Ángel de la Independencia para marchar al Zócalo a las 11:00 y visibilizar la realidad en la que viven, no los 20 papás y mamás que dice el doctor López-Gatell, sino los miles de personas que padecen la crueldad gubernamental materializada en el desabasto de medicamentos y la mala atención médica por falta de presupuesto y planeación.
A esta marcha ciudadana se están sumando diversos movimientos sociales de lucha por los derechos humanos, de jóvenes, mujeres, padres de familia de personas desaparecidas, de la diversidad sexual, de la lucha contra el sida, anticorrupción, y activistas que se suman en esta defensa colectiva del derecho al acceso a la salud.
Es importante el trasfondo de la convocatoria ciudadana que explica Andrea Rocha, abogada que ha interpuesto más de 200 amparos en defensa de infantes, mujeres con cáncer y personas con VIH/sida: “con esta marcha apelamos a la solidaridad de la sociedad civil organizada que en diferentes momentos de crisis o desgracias ocurridas en México, ha demostrado el músculo ciudadano para dejarle en claro al gobierno que la sociedad sí tiene propuestas, soluciones y está consciente de sus derechos”.
@antoniomedina41