Por Antonio Medina Trejo
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador viola Derechos Humanos de migrantes, continúan las desapariciones forzadas y la tortura sigue siendo común en instituciones judiciales y militares en contra de luchadores sociales, periodistas, personas indígenas y migrantes.
Otros derechos, como los sexuales y reproductivos y el derecho a la salud, siguen siendo violados por instancias del Estado mexicano, ya sea por omisión o por acciones negligentes, resultado de la mala planeación presupuestaria que ha generado falta de insumos e ineficiencia en la atención médica, además de los prejuicios que siguen prevaleciendo en torno a estos temas en algunas instituciones, particularmente en contra de las personas trans, mujeres lesbianas, hombres gays o quienes viven con VIH.
Tan sólo en 2019, en el primer año de gobierno de la 4T, de acuerdo a las 83 organizaciones civiles que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RTDT), reportó que en 2019 se asesinaron cuando menos a 21 defensores y defensoras de Derechos Humanos, dos de ellos, de hecho, estaban inscritos en el mecanismo de protección que el Estado mexicano ha puesto a disposición de activistas amenazados de muerte. Por otro lado, la comunidad de la diversidad sexual perdió a nueve activistas tan solo en el primer año del actual gobierno, de acuerdo al Reporte de Crímenes de Odio por Homofobia.
En los temas de salud, el actual gobierno, que tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud y una atención de calidad y con calidez, ha sido en extremo irresponsable al no llevar a cabo una política pública de suministro de medicamentos para todo el sistema de salud federal, aún cuando ha tenido la suficiencia presupuestaria para cumplir con esa obligación, generando que los grupos poblacionales que padecen enfermedades crónicas y de muy alto costo de atención, se vean vulnerados en su derecho al acceso a la salud.
Muchas han sido las manifestaciones de repudio a la decisión presidencial de romper con farmacéuticas internacionales en la compra de medicamentos de alta especialidad, que ha puesto de pretexto López Obrador para “sanear al gobierno de corrupción”, pues quitar a raja tabla procesos de suministro a nivel nacional provocó que todo el 2019, y lo que va del actual año, hubiera desabasto de medicamentos y falta de insumos médicos en hospitales, afectando la salud de las personas, particularmente a quienes viven con enfermedades crónicas como el cáncer, leucemia, diabetes, lupus o VIH, que requieren tratamientos médicos muy costosos.
Otro de los sectores que han visto violados sus derechos flagrantemente en México son las poblaciones migrantes que provienen del sur del continente, y que, debido a los acuerdos tácitos del gobierno del presidente López Obrador con su homólogo estadounidense, hoy tenemos en los hechos un muro humano de más de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera para contener la migración masiva hacia Estados Unidos.
Como siempre sucede cuando se militariza una población, la Guardia Nacional no ha dudado en transgredir Derechos Humanos de hombres y mujeres de todas las edades que intentan cruzar las fronteras de nuestro país, que con violencia y sin respetar protocolos internacionales de migración, ponen en manos de los agentes del Instituto Nacional de Migración a migrantes ilegales para ser expulsados del país; en muchas ocasiones aplicando mecanismos intimidatorios como la tortura, el chantaje, el encierro injustificado, la violencia física, psicológica o sexual.
El gobierno actual tienen un déficit con el respeto y la garantía de los Derechos Humanos. Lejos de erradicar las prácticas heredadas de sexenios anteriores, las ha agudizado por la falta de planeación, inversión presupuestaria en los proyectos ya existentes, generando vulnerabilidad de los sectores de por si olvidados y excluidos, como es el caso de niños, niñas y jóvenes en situación de orfandad, que al estar en instituciones públicas o Instituciones de Asistencia Privada (IAP), sin reglas claras, sin vigilancia de las instancias de gobierno, y sin recursos humanos o financieros suficientes para su atención integral, se ha agudizado la precariedad de esos más de 30 mil infantes -de acuerdo a cifras oficiales-, que sufren el olvido gubernamental y la violación de sus derechos humanos sin que el mundo exterior se entere, ni el gobierno.
El ideal de la progresividad de derechos no tiene cabida en la actual administración. Hay un estancamiento, si no es que un retroceso, como lo ha externado recientemente la Human Rigth Watch en un amplio informe donde relata y argumenta la violación sistemática de los Derechos Humanos por entes del Estado mexicano.
Ante ello, queda claro porqué al presidente le incomodan los órganos encargados de hacer valer los Derechos Humanos. No quiere tener contrapesos que lo cuestionen o le llamen la atención para obligarlo a cumplir como debe hacer un gobierno justo y democrático. Por ello quiere someter al Conapred, y como ya lo hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ha puesto a personas leales a él y no con la sociedad para contenerle reclamos o denuncias por violación de Derechos Humanos de su gobierno.
@antoniomedina41
