Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
Luego de las elecciones intermedias de 2021, en donde Morena y sus huestes perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la oposición pactó una coalición legislativa para blindar la Constitución de cualquier retroceso democrático, López Obrador amenazó con enviar tres reformas constitucionales -la eléctrica, la electoral y la de seguridad nacional- para afianzar su autoritarismo.
Sería el 28 de abril de 2022, durante la última sesión del periodo ordinario, cuando López Obrador cumpliría una de sus amenazas al enviar su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral (Plan A) en la que proponía, entre otras barbaridades, eliminar al INE, los Oples y al Tribunal Electoral.
En la sesión ordinaria del 6 de diciembre de 2022, en resonancia con la marcha ciudadana del 13N y entre ovaciones de “¡El INE no se toca!”, la propuesta de reforma constitucional en materia electoral de López Obrador fue rechazada en unidad y por la totalidad de los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados.
En represalia, López Obrador envió ese mismo día por la tarde a la Cámara de Diputados su llamado Plan B, un galimatías claramente inconstitucional inspirado en su deseo de venganza y lleno de artimañas, con más de 300 cuartillas en las que se contemplaba modificar más de 450 artículos vigentes en seis leyes secundarias y con el que pretendía, según palabras del secretario de Gobernación, “destazar” al INE.
La iniciativa fue publicada, presentada y turnada a comisiones para su estudio y dictamen, sin embargo, la borregada oficialista en la Cámara de Diputados, siguiendo órdenes y esmerada en darle gusto a su pastor, decidieron aprobarla vía fast track el mismo día en que se presentó.
Para ello, muy a su estilo, se valieron de las peores prácticas legislativas: presentaron nuevamente el Plan B pero ahora como una iniciativa del GPMorena con la intención de torcer el procedimiento legislativo para dispensarle todos los trámites y, sin pasarla a comisiones de estudio y dictamen, ponerla a discusión y votación ante el pleno ese mismo día por la noche.
El problema es que con las prisas por querer complacer al reyezuelo de Palacio se olvidaron de blindar jurídicamente su iniciativa. Cometieron graves violaciones al procedimiento legislativo, entre ellos el declarar la iniciativa de “urgente y obvia resolución” sin estar debidamente fundada y motivada.
Vergonzosamente, el Plan B fue aprobado en tan solo cuatro horas, a ciegas, sin ni siquiera leerlo, al vapor, de madrugada, sin deliberación democrática, sin opiniones técnicas, pero sobre todo sin reparar en las consecuencias.
En el Senado la historia no fue distinta, Morena y sus aliados incurrieron en los mismos vicios: en un par de días, sin tomar en cuenta las opiniones técnicas, las comisiones dictaminadoras aprobaron por separado, cuando debía ser en sesión conjunta, el dictamen con modificaciones a la minuta y lo turnaron al pleno en donde se aprobó el primer paquete del Plan B (reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas) sin modificaciones, turnándose al Ejecutivo y publicándose en el DOF el pasado 27 de diciembre.
Ante este desaseo legislativo, además del contenido del Plan B que claramente contradice a la Constitución, diversos organismos facultados para tal efecto, entre ellos el PRD, promovieron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la SCJN. Sobra decir que, en muy poco tiempo, el primer paquete de reformas del Plan B se convirtió en el decreto más impugnado en la historia jurídica de nuestro país.
Luego de cuatro largos meses de haber presentado nuestro recurso de acción de inconstitucionalidad, el pasado lunes la SCJN, haciendo valer su autonomía frente a las inaceptables embestidas del aprendiz de dictador, nos dio la razón e invalidó la primera parte del Plan B de reforma electoral por graves violaciones al procedimiento legislativo. Es decir, las y los ministros ni siquiera tuvieron que entrar a discutir el contenido del decreto, la trasgresión del procedimiento legislativo anclado a la Constitución fue suficiente para declararlo inconstitucional.
La decisión de la SCJN es una decisión histórica y fundamental para el curso que tomará la realización del proceso electoral de 2024. Hoy tenemos certeza de que habrá árbitro electoral en las próximas elecciones y que hay INE para rato. Es un triunfo indiscutible de nuestra democracia constitucional y es un gran paso para poner orden en el desaseo legislativo con el que se actúa en el Congreso de la Unión.
El Plan B, con B de bodrio, está muerto. Y que quede claro que lo mataron las mañosas prácticas legislativas antidemocráticas de Morena y sus aliados. Fueron ellos y su forma de legislar quienes lo mataron. Que no culpen hoy a la SCJN de sus omisiones. Estamos seguros que con ese mismo criterio echará abajo la segunda parte del Plan B y las reformas regresivas del llamado “viernes negro”.
Artículo publicado el 11 de mayo de 2023 en El Diario del Yaqui
