Por Jessali Zarazua
Coordinadora Grupo de Trabajo Estudiantil de IUSY
Nos encontramos en los últimos dos años de un gobierno que se ha vendido ante el mundo como el que traería el cambio y una “verdadera transformación” para las y los mexicanos. La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) significó esperanza y una posible recomposición de la región con un aliado progresista y democrático. Desgraciadamente estamos lejos de que aquellas ilusiones sean una realidad. México ha sufrido grandes y peligrosos retrocesos que muestran que este gobierno es populista y con tintes dictatoriales. Hasta ahora, los compromisos de gobierno que se han cumplido han sido a medias o selectivos, la mayoría destinados a ser instrumentos electorales para perpetuar a su partido político en el poder.
Esta tendencia autoritaria ha derivado en el debilitamiento del sistema democrático electoral y el desmantelamiento de las instituciones garantes de la elección popular. AMLO propuso una reforma electoral que buscaba quitarle independencia al Instituto Nacional Electoral (INE) volviéndolo un órgano electoral no imparcial y del lado del partido en el poder. Al no tener los votos suficientes para aprobar esta reforma, el presidente ha optado por un Plan B, es decir, un conjunto de reformas antidemocráticas a leyes secundarias. Sin tapujos, AMLO ha expresado que la democracia cuesta mucho dinero; un discurso populista que disfraza la verdadera intención de debilitar nuestra democracia. Concentrar el poder desarmando el andamiaje de contrapesos resulta un paso natural y alarmante para el autoritarismo.
Así mismo, hemos observado cómo se ha propiciado la militarización del país, a pesar de que una de las propuestas de AMLO fue la de retirar el ejército de las calles. Esta estrategia de seguridad ha fracasado arrojando un aumento en los niveles de violencia e impunidad, así como de las denuncias por violaciones a derechos humanos. En esta administración se han registrado 139 mil asesinatos y 36 mil personas desaparecidas, en un contexto en el que los delitos de feminicidios, violación, violencia familiar y homicidios dolosos hacia las mujeres han registrado los números más altos. Además, el 90% de los crímenes no son denunciados, sólo un tercio de los que sí son denunciados nunca son investigados y de esos sólo el 16% son resueltos. A esto se suma que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y para defender los derechos humanos y/o el medio ambiente.
AMLO ha consolidado la militarización del país, propiciando que el Ejército lleve a cabo labores de seguridad pública hasta el año 2028. Por si no fuera poco, se le han asignado a los militares responsabilidades de carácter civil como el control migratorio, las aduanas, aeropuertos, ejecución de programas sociales, obras públicas, detención de civiles, investigación de crímenes; ¡hasta la militarización del sistema de transporte colectivo (el metro de la CDMX)! La presencia del Ejército en todos los aspectos de la vida cotidiana es alarmante, más si tomamos en cuenta que entre 2007 y 2022 las fuerzas castrenses han asesinado a más de 5 mil civiles, mientras que las quejas por violaciones a derechos humanos han ido en aumento durante el gobierno de AMLO; 940 quejas tan solo en 2021, la mayor cifra en esta década.
Por otra parte, uno de los lemas emblemáticos de su campaña fue “primero los pobres”. No obstante, México está realmente lejos de tener políticas públicas que busquen abatir la pobreza como un problema sistémico. Al contrario, AMLO ha admitido ante los medios de comunicación que su gobierno ayuda a los más pobres por “estrategia política”, no porque sea un interés personal. México es uno de los países donde prevalecen las carencias económicas en la mayor parte de la población. Actualmente 43.9 millones de mexicanos y mexicanas viven en pobreza y 8.5 millones en pobreza extrema. Por si fuera poco, las personas con ingresos mayores a los mil millones de dólares aumentaron su riqueza 654 mil millones de pesos (33% más), dicho en otras palabras, 1.2 millones de personas concentran casi 47 de cada 100 pesos en un país conformado por más de 125 millones de personas. Esto ha conllevado a que la desigualdad y la falta de oportunidades sean parte de una herencia transgeneracional de las condiciones de pobreza, donde la movilidad social pareciera haber desaparecido.
El desmantelamiento de las instituciones electorales, así como de aquellas vitales para el funcionamiento del engranaje del país, más el aumento generalizado de las violencias, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos, aunado al uso excesivo de las fuerzas militares, dan cuenta una regresión democrática en México. Muchos temas quedan pendientes de abordar los cuales dañan cada día nuestro tejido social: el incremento de la corrupción, el desabasto de medicinas, el aumento de la presencia del crimen organizado, los ecocidios, los megaproyectos, la crisis económica, la inflación, la migración y desplazamientos, el endeudamiento del país, etc. Además hemos padecido de un deterioro de la política exterior mexicana debido al apoyo a dictaduras como la de Venezuela y Nicaragua, sus omisiones ante la invasión rusa a Ucrania, así como su reciente intervención en la destitución del ex presidente Pedro Castillo y el deterioro de las relaciones con España. Por ello, el papel de la comunidad internacional y su solidaridad es fundamental para que se sepa el verdadero panorama por el que atravesamos en México.
Subsecretaría de Juventudes
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Artículo publicado en la Revista Latinoamericana Juventud XXI edición febrero 2023
