El procedimiento por el caso de las “Broncofirmas” debe ser llevado con base en leyes administrativas, detalló el secretario general de Gobierno, Manuel González.
“El tribunal también considera lo mismo y suspende temporalmente para que se discuta el caso y es ahí donde debe debatir técnicamente las sanciones. En el caso de la Suprema Corte es igual, deben determinar si es o no competente el Poder Legislativo o si es o no jerárquicamente superior”, explicó el funcionario estatal.
Ayer, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) anunció la suspensión a favor de González, para que se detenga cualquier sanción que pretenda aplicar el Congreso por las “Broncofirmas”.
Los diputados han considerado anteriormente que no tienen validez los recursos promovidos por el TJA, debido a que el desvío de recursos para la recolección de firmas se trata de un tema electoral.
Ante esto, la Comisión Anticorrupción prevé la propuesta de un dictamen en el que se establezca la destitución e inhabilitación como medidas.
Al preguntarle al respecto, el secretario general de Gobierno prefirió no dar información sobre las consecuencias para los diputados en caso de llevar al pleno dicho documento, y argumentó que su postura es parte de su estrategia jurídica.
Con la suspensión otorgada la víspera, Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González suman ya cuatro recursos que impiden acciones legales por parte de los legisladores, dos proveniente de la Suprema Corte de Justicia y dos más por el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad.
“Fuimos a instancias diferentes donde por supuesto no tenemos injerencia porque son independientes, autónomas, sólo observan y emiten una respuesta. No vamos a litigar en la prensa nada. No es un asunto de si está uno tranquilo o no, es una lucha que debe resarcirse en los tribunales”, apuntó el secretario general de Gobierno.
NTX
