Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
Los arrebatos emocionales han sido una constante en la conducta de López Obrador, sin embargo, éstos se han ido acrecentando conforme se acerca el final de su mandato presidencial, haciéndolo ver cada vez más inestable, débil e incluso infantil.
La conducta presidencial intensificó su patrón de comportamiento luego de las elecciones intermedias de 2021, cuando Morena y sus huestes perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la oposición pactó una coalición legislativa para blindar la Constitución de cualquier retroceso democrático.
Como un niño al que le han arrebatado un juguete, el de Macuspana armó tremendo berrinche y en lugar de entender y atender el mensaje electoral de la ciudadanía, tal y como lo haría un verdadero jefe de Estado, amenazó con enviar tres reformas constitucionales -la eléctrica, la electoral y la de seguridad nacional- para afianzar su autoritarismo.
López Obrador cumpliría dos de tres de sus amenazas: el 5 de octubre de 2021 presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, pero fue desechada por la oposición el 17 abril de 2022 en la Cámara de Diputados; y, el 28 de abril de 2022 presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, pero fue desechada por la oposición el 6 de diciembre de 2022 en la Cámara de Diputados.
Tras sus dos fracasos legislativos consecutivos, López Obrador desistió de enviar su tercera reforma constitucional en materia de seguridad nacional para que la GN se incorporara de facto a la Sedena.
Pero López Obrador se emberrinchó y presentó para los tres casos sus llamados “Plan B” –aunque en realidad eran con v de venganza- que consisten reformar leyes secundarias, que claramente trasgreden a la Constitución, pero que logró aprobar con ayuda de su borregada de legisladores que ni leyeron lo que les mandó su pastor.
Ante este contexto de cínico pisoteo del Estado de derecho, diversos organismos facultados para tal efecto, entre ellos el PRD, promovieron acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos ante la Corte en contra de los tres “Plan B”.
La primera resolución en llegar fue la de la reforma eléctrica. En la sesión del 7 de abril de 2022, la mayoría de las y los integrantes de la Corte coincidieron en que la reforma era inconstitucional; sin embargo, no se logró la mayoría calificada de ocho votos –faltó solo uno- para declararla inconstitucional.
La segunda resolución fue sobre la reforma electoral. El pasado 24 de marzo el ministro Javier Laynez admitió a trámite la controversia constitucional del INE y concedió la suspensión total de dicha reforma por –según palabras del ministro- “posible violación de los derechos político-electorales de la ciudadanía.” El fallo enfureció a López Obrador porque sabe que su reforma electoral está en “estado de coma” y que sus decretos no serán aplicables para la contienda electoral de 2024.
La tercera resolución finalmente llegó. Tras alcanzar la mayoría calificada, la Corte declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. El fallo de la Corte es un revés a las intenciones dictatoriales de López Obrador y a su proyecto de militarización. Es una derrota política y legal para el presidente y un golpe de autoridad y autonomía de la Corte que rechaza contundentemente la práctica de legislar contra la Constitución y el Estado de derecho.
El fallo histórico de la Corte provocó que el berrinche presidencial escalara a un nivel de llamar la atención. En la mañanera del viernes pasado, tras amenazar con enviar una nueva reforma constitucional, López Obrador acusó a las y los ministros de “corruptos” y reveló la inaudita instrucción que dio a los integrantes de su gabinete: “Les dije: Ni les contesten el teléfono”.
Es preocupante que el presidente de la República ignore el principio de la división de poderes, pero es también alarmante el punto al que están llegando sus arrebatos emocionales.
Artículo publicado el 27 de abril de 2023 en El Diario del Yaqui
