Por Antonio Medina Trejo
Grupos antiderechos están muy activos en su luchan en contra de los avances legislativos que buscan el acceso a la justicia de las poblaciones de la diversidad sexual. Esto se demostró una vez más la semana pasada cuando diputados y diputadas de los congresos de Baja California y Morelos abrieron las puertas de los congresos a grupos religiosos que les exigían no votar por el Matrimonio Civil Igualitario y la Ley de Identidad de Género, respectivamente.
Mientras, la realidad se sigue ensañando en contra de algunos grupos poblacionales marginados dentro de la misma diversidad sexual, como mujeres trans, jóvenes menores de edad, migrantes, personas de la tercera edad, indigentes, y personas con VIH/sida (subgrupos LGBT+ más violentados), que no existen en el imaginario político y menos en quienes toman decisiones legislativas.
Sus prioridades como grupos marginados dentro de la marginalidad de la diversidad sexual, tal vez no sea que se gane legislativamente el matrimonio igualitario, sino que no les corran de sus trabajos o de sus casas, que les atiendan en los servicios de salud o puedan rentar un vivienda; o, en muchos casos, que no les asesinen por sus amaneramientos o por ser transgénero o transexuales.
Esas realidades invisibles, que han sido más vulneradas a causa del Covid19 desde que comenzó la pandemia, están ahí, pero no han sido escuchadas ni vistas por quienes juramentaron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la vorágine de información en redes que focaliza el activismo visible LGBT+, se suma a la estigmatización de esos marginados y marginadas, los grupos religiosos antiderechos que son más escuchados por diputados y diputadas de todas las expresiones políticas, particularmente de morena -que tiene mayoría en ambos congresos-, que las organizaciones civiles con sus dos temas principales de la agenda sexo diversa.
Hay relatos en redes sociales y medios de comunicación de ambos estados donde se constatan reuniones de grupos parlamentarios con líderes religiosos evangélicos o cristianos, cercanos a Confraternice, donde se les exige que legislen con perspectiva de familia y no con perspectiva de género o derechos humanos.
Es decir, los representantes del pueblo abrieron las puertas de sus congresos para escuchar a personas (de grupos antiderechos) que están en desacuerdo que un grupo específico de la sociedad para que no tenga derechos (en este caso, de diversidad sexual). Es decir, pugnan porque el Estado mexicano no reconozca el derecho a amar entre personas del mismo sexo y que ese vínculo afectivo no genere derechos como el matrimonio civil, o a tener sus documentos oficiales con su identidad de género correcta y poder laborar, tener una cuenta bancaria, estudiar o viajar fuera del país.
En el caso de Morelos, se llegó al extremo de recibir el miércoles en la Comisión de la Familia una iniciativa ciudadana de grupos ultra conservadores que exigen a esa legislatura meter a la discusión parlamentaria el Pin Parental o de la Sana Educación, que fue turnada a comisiones de inmediato, cuando la ley de Identidad de Género lleva al menos dos legislaturas esperando ser discutida en el pleno y no logró el consenso para analizarla y votarla, ya sea a favor o en contra.
Algunos diputados y diputadas que se abstuvieron o votaron en contra de las propuestas legislativas, han denunciado públicamente las supuestas amenazas de muerte que recibieron por parte de grupos radicales (vinculados a iglesias) si votaban a favor del matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Les invitaban a emitir su voto con base en los preceptos cristianos y las leyes divinas.
En opinión de quien esto escribe, ese argumento para retrasar o no votar las leyes que subieron al pleno de ambos congresos, es absurdo, pues quienes legislan, para empezar no pueden dejarse intimidar por ese tipo de supuestas amenazas, y en todo caso, denunciarlas judicialmente; pero más allá de eso, ellos y ellas deben legislar bajo los preceptos constitucionales que juramentaron cuando tomaron su cargo. Ese juramento, de hecho, tiene efectos legales y de no cumplirlo y votar en contra de una ley antidiscriminatoria, están desobedeciendo su mandato ante el pueblo que los eligió.
Lo que vimos la semana pasada en Baja California y Morelos debe dejar en claro que los grupos antiderechos están actuando, tienen mayor incidencia política que el activismo LGBT+ y su propósito es que el gobierno actual pague los favores electorales del 2018 con votos en contra en los congresos de lo que ellos consideran amoral, pues fue imposible que morena y su militancia LGBT+ (que hizo un loable esfuerzo) lograra que sus diputados que votaron en contra en ambas legislaturas, o se ausentaron o abstuvieron, fueran congruentes con la lucha a favor de los derechos LGBT+.
Detrás de estas votaciones está la decisión del presidente de la República de cumplir con los grupos antiderechos por la alianza que le aportó a López Obrador y su partido tener la Presidencia de la República y las mayorías legislativas.
En este escenario complejo, se están deteniendo los avances libertarios que se esperaba continuarían con la llegada de una supuesta izquierda al poder. Con la presentación de propuestas ultraconservadoras como el Pin Parental en varios estados del país, no queda más que redoblar los ímpetus del activismo LGBT+, feminista, de derechos Humanos, y que los partidos verdaderamente comprometidos con las agendas libertarias para que defiendan, no sólo en palabras o el papel, sino en los hechos.
@antoniomedina41
