Por Jesús Zambrano Grijalva
A propósito del 103 aniversario de la Constitución de 1917 es oportuno advertir sobre los riesgos que hoy enfrenta el Estado de Derecho y señalar las amenazas de corte autoritario a nuestra Carta Magna por parte del presidente López Obrador. Principios básicos de una república democrática como la separación de poderes, el respeto a la libertad de expresión y los derechos humanos, así como la realización de elecciones libres y democráticas, entre otros, están bajo asedio gubernamental con el argumento de la necesidad de desmontar el andamiaje jurídico de “los gobiernos neoliberales” y posibilitar la transformación profunda (“la 4T”) por la que votó la mayoría del electorado el 2018.
Es la lógica de poner el poder por encima del Estado de Derecho, como recurrentemente lo hacen quienes llegan al gobierno con un amplio respaldo popular situándose por encima y al margen de las instituciones, considerándose designados para remover todos los obstáculos que se interpongan para supuestamente hacer realidad los sueños de justicia de sus votantes.
“Entre la justicia y el Derecho, elijo la justicia”, ha declarado López Obrador. Y montado en esa convicción el Presidente se ha empeñado en tomar decisiones que han reproducido y ahondado los peores vicios del viejo régimen priísta.
La corrupción, como supuesta causa de todos los males, hoy se ha acentuado. Aunque la Constitución General de la Republica señala en su artículo 134 que las licitaciones deben ser la regla y que sólo por excepción pueden otorgarse contratos por asignación directa o invitación restringida, este gobierno ha dado el 78% de los contratos por estas últimas vías. Bartlett, dicho sea de paso, es una emblemática mancha de esta administración. Además, en Sonora está pendiente el resultado de la auditoría al “superdelegado” Jorge Tadei, acusado de manejo indebido de recursos.
Como ejemplo de que AMLO detesta el equilibrio de poderes e identifica a los órganos autónomos como “obras del neoliberalismo” (pues odia los contrapesos), desde el inicio de su gobierno construyó una mayoría artificial en la Cámara de Diputados de 63% (que no le dieron las urnas, donde Morena obtuvo el 38% de los votos) para sacar adelante reformas constitucionales de la mano de sus aliados: Partido Verde, PT y PES. Con esa mayoría en el Legislativo, ha decidido la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI atentando contra la salud de millones de personas, especialmente de niños con cáncer.
Asimismo, ha decidido ir a la captura del Poder Judicial designando a ministros que le sean leales. En la misma linea decidió apoderarse de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que ha traído como consecuencia de que la industria energética se encuentre en crisis.
Acorde con esa concepción, tal como cooptó totalmente a la CNDH, ahora lo quiere hacer con el INE para tener a la mayoría de sus consejeros electorales y trasladar los datos personales y el control de las credenciales de elector a manos de Gobernación, así como reducirle presupuesto al grado de asfixiarlo para terminar adueñándose de su control con la pretensión de mantenerse en el poder durante décadas, como el PRI. Además, en reiteradas ocasiones se ha hecho patente su desprecio por las minorías políticas, la laicidad y las garantías individuales (a las que pretende acotar mediante una reforma judicial antidemócratica).
Están en curso proyectos de reformas que, de concretarse, modificarían las reglas del juego democrático mediante las que arribó al gobierno el propio AMLO.
Han sido casi un centenar de decisiones ilegales de este gobierno, que atentan contra la Constitución, difíciles de enumerar todas aquí, y que ya tienen en riesgo nuestra convivencia democrática y plural, nuestros derechos y nuestra precaria paz social, de suyo amenazada por la creciente e imparable inseguridad. No permitamos que esto se consolide.
