Por Raymundo Moreno Romero
La elección de 2006 marcó un hito en la historia democrática de nuestro país por muchas razones: se echó mano de campañas publicitarias cuestionables, como aquella que insistía en que López Obrador era un peligro para México; fue la elección presidencial más cerrada de la historia, con una diferencia entre los dos candidatos punteros de apenas .56%; y hubo un serio conflicto postelectoral que minó la legitimidad del nuevo gobierno. Aquella elección provocó una serie de reformas consensuadas a fin de garantizar comicios más confiables y contar con instituciones más sólidas.
El actual Instituto Nacional Electoral (INE), así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nacieron a partir de la exigencia de la sociedad civil de que nuestra voluntad colectiva fuera respetada, del acuerdo entre todas las fuerzas políticas de México, y de las pruebas, errores, aciertos y aprendizajes acumulados a partir de décadas organizando elecciones. Hoy el INE que construimos todas y todos, incluido el actual Ejecutivo Federal, es víctima de constantes ataques y señalamientos que buscan lastimar su credibilidad y con ella, la de varias generaciones que han confluido con su talento y compromiso en la historia de nuestra incipiente y frágil democracia.
Después de aquella elección de 2006, el eterno candidato López Obrador acuñó una línea de su retórica que pasaría a la historia y resumiría la personalidad autocrática del personaje que hoy despacha en Palacio Nacional: ¡Al diablo con sus instituciones! Con aquellas palabras, pronunciadas en un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, el entonces carismático líder opositor anticipó el devenir de su actuar en caso de acceder al poder. El tres veces candidato y hoy presidente de México está listo para mandar al diablo, debilitar y destruir a cualquier persona u organismo que considere contrario a sus intereses y los de su “movimiento”.
No sin reconocer los yerros y oportunidades de mejora que siguen presentando nuestros esfuerzos por consolidar un sistema democrático incluyente y que asegure la justa representación de todas las voces y orientaciones de la sociedad mexicana, es indispensable echar un vistazo al pasado reciente y asumir con orgullo los logros acumulados en menos de tres décadas.
Hoy contamos con un INE compuesto por ciudadanas y ciudadanos electos por el Poder Legislativo, con representantes de todos los partidos y reglas que permiten un debate álgido, pero respetuoso y enriquecedor. Un INE autónomo que, no sin las resistencias de algunas expresiones políticas, ha emitido lineamientos que buscan asegurar la paridad en las gubernaturas y que los segmentos más vulnerados de la sociedad tengan una participación efectiva en el concierto democrático. Un INE que ha sabido sortear los retos propios de un país que trata insistentemente de dejar atrás un pasado de simulaciones, de persecución política, de miedo, de represión, de fraudes electorales y de una abusiva concentración del poder público en manos del presidente de la República.
El presidente, consciente de que violenta el Artículo 134 de la Constitución, echa mano de los recursos públicos a su disposición para tratar de incidir en el proceso electoral en favor de sus candidatos, por impresentables que sean; busca la destitución del Consejero Presidente del INE como parte de su estrategia para eliminar los contrapesos; y pretende volver en la práctica a 1988, un tiempo en el que el “sistema” se caía y en el que no hacía falta mandar al diablo a las instituciones, porque tales no existían.
Quienes fuimos niños y adolescentes en los años 80 y 90, una era de censura y presos políticos, nacimos en un México donde un solo hombre decidía el destino de todas y todos los demás, y sabemos que la democracia electoral es un bien reciente y que costó mucho construir. ¡No permitamos que nos la arrebaten!
Refilón: La era de los presos políticos parece haber vuelto. Mi solidaridad con Rogelio Franco, víctima de la represión y el autoritarismo de Cuitláhuac García en Veracruz.
