La insistencia de debilitar al INE, al TEPJ, a la SCJN y al INAI
Por Amparo Brindiz & Arturo Prida*
Rumbo a la discusión del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2024, vale la pena reflexionar sobre varias cosas. El presidente de la República comenzó su sexenio prometiendo una política de austeridad republicana, para lo cual impulsó estas políticas a través de Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley de Remuneraciones al Sector Público, luego nos llegó la pandemia de Covid-19 y con ella, diversas crisis, para lo cual éste gobierno decreto la aplicación aún más rigurosa de medidas de austeridad, medidas que por cierto se aplicaron con mucha discrecionalidad y poca transparencia.
El gasto público destinado para algunos sectores e instituciones es insuficiente, tal es así, que se han dejado de proveer bienes y servicios, teniendo repercusiones importantes en varios temas como la ciberseguridad, el despido de funcionarios públicos, falta de mantenimiento de diversa infraestructura, escases de medicamentos y la disminución del presupuesto de los órganos constitucionales autónomos.
Esta disminución del gasto ha sido discrecional ya que, para los programas sociales y las obras emblemáticas de la cuarta transformación como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o la compra de la marca de la Aerolínea Mexicana, se ha destinado mucho más dinero del presupuestado.
En materia de gasto público este gobierno ha preferido usar un “machete” en lugar de hacer análisis costo-beneficio y exhaustivas revisiones de qué funciona y qué habría que mejorar para eficientar el gasto y mejorar los procesos, ha preferido aplicar el puro capricho y criterio presidencial de que si algo no funciona hay que desaparecerlo, como fue el caso, de las guarderías, los fideicomisos, como el del FUCAM donde se dejó de atender a mujeres de escasos recursos en sus tratamientos de cáncer, se dejaron de comprar medicamentos para los tratamientos de cáncer y VIH, se dejaron de aplicar vacunas contra entre muchos otros recortes.
Lo que ha traído como consecuencia esta política de austeridad, es la utilización de los recursos de manera discrecional y el encubrimiento de recortes presupuestales bajo esa bandera, así como un ejercicio poco transparente del gasto, al no saber con claridad a dónde terminaron todos los recursos que se han “ahorrado” por medio de las medidas de austeridad y lo que sí vemos es el impacto que este recorte ha traído consigo en muchas materias.
Como hemos visto en días recientes y ante la conformación del paquete presupuestal, las dependencias e instituciones están mandando sus requerimientos presupuestales, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por concentrarnos en estos.
La SCJN, máximo tribunal constitucional que vigila que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas.
El TEPJF, el órgano encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral.
El INAI, el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento del de acceso a la información pública que obre en cualquier autoridad en el ámbito federal, partidos políticos, fondos públicos.
El INE, autoridad encargada de organizar los comicios electorales bajo los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.
El presupuesto para el INE será muy importante ya que el próximo año tendremos elecciones no solo para la presidencia de la República sino para nueve gubernaturas, diputaciones federales y locales, senadurías, ayuntamientos y alcaldías; serán las elecciones más grandes que tendremos y con un recorte presupuestal para estas instituciones electorales las estarían debilitando y asfixiando en el cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones que son fundamentales para salvaguardar los derechos político-electorales y el Estado de derecho.
Lamentablemente las y los diputados integrantes de la coalición mayoritaria han dado muchos ejemplos de que lo suyo no es la construcción de acuerdos en beneficio de los mexicanos, y sí lo es, la abyección plena al poder presidencial, quien solamente utiliza al Congreso de la Unión como oficialía de partes para sus muy particulares intereses.
Esperamos que las y los diputados del H. Congreso de la Unión ejerzan la facultad exclusiva que le otorga el artículo 74 constitucional, el de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión, y hagan uso de un análisis concienzudo.
*@amparobrindiz Dra. en Administración Pública
@arturo_prida Lic. en Seguridad Pública
