EL FEDERALISMO A DEBATE, ANTE DESEOS CENTRALISTAS
Amparo Brindiz Amador y Arturo Prida Romero*
Esta semana asistimos a un foro sobre la vigencia de nuestro federalismo, y nada más oportuno que analizar este tema en medio de este contexto, donde el titular del Ejecutivo federal parece que no le gustan las implicaciones de este. Pero hay que hacer notar que, no se puede ser juez, jurado y verdugo. Y veamos por qué.
El federalismo es la primera expresión descentralizadora del Estado, misma que responde al reconocimiento de una comunidad de intereses, y al deseo de una relativa independencia de los distintos grupos que integran la sociedad. Ya decían Hamilton, Madison, y Jay en El Federalista que “La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos, sean estas de uno, de pocos, de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía”.
En la Constitución de 1917 quedo plasmado en el artículo 40, “que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación”. Y aun con esta premisa en nuestra Constitución, el centralismo fue uno de los rasgos distintivos del régimen de partido de estado a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, y éste se expresó nítidamente en el ámbito político-electoral.
A partir de la reforma de 1977 se observa lenta pero gradualmente cómo se fue democratizando nuestro sistema político-electoral y cómo con ello, se dio vigencia a los requisitos mínimos de cualquier democracia, como lo es la igualdad de oportunidades para competir, condiciones de equidad en la competencia y garantía de respeto al sufragio. Las reformas de 1977, 1987, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007, 2012, 2014, han ido dando forma a nuestro sistema político-electoral.
El 28 de abril de 2022, López Obrador envió una iniciativa de reforma constitucional que pretendió debilitar al INE y desaparecer a los OPL, conocida como el Plan A. El cual no alcanzó la mayoría requerida para ser aprobada. Pero el mismo día que fue rechazada, el 6 de diciembre del 2022, envío su Plan B, que pretendía reformas a 6 leyes secundarias. (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General de Comunicación Social; y Ley de Responsabilidades Administrativas), estas sí alcanzarían la votación requerida de mayoría simple con los votos de Morena, PT y el PVEM, dispensando todos los trámites y sin importar los argumentos de los partidos de oposición.
Pero gracias a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales que se interpusieron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinaría la invalidez de las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022.
Ahora, nuevamente el presidente de la República, el pasado 5 de febrero, envió 18 iniciativas de reforma constitucional y 2 a leyes secundarias, con fines meramente electorales, porque sabe que no cuenta con la mayoría requerida para sacar las reformas a la Carta Magna y una de sus dos reformas a leyes secundarias sabe que es inviable financieramente.
La iniciativa de reforma en materia electoral pretende nuevamente debilitar al INE, desaparecer a los OPL, centralizando la organización de todas las elecciones, y todo ello, con el pretexto de la austeridad republicana. Pretenden limitar la representatividad y la pluralidad, al desaparecer a los diputados plurinominales federales y locales en todas las entidades federativas; hacer más pequeños los cabildos municipales; debilitar a los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, al desaparecer los tribunales locales y erigir autoridades parciales inmersas en la lucha por el poder, al someterlas a un proceso electoral. Socavar el equilibrio de poder y la imparcialidad en las contiendas electorales y de forma autoritaria, establecer parámetros y mecanismo electorales a partir de una legislación única en materia electoral, cuando cada entidad de la República tiene sus particularidades, afectando con todo ello, nuestras instituciones democráticas y nuestro federalismo electoral.
Siendo que, el federalismo debe ser una herramienta de solución a los problemas públicos del país. No, al contrario, el exceso de centralización solo está provocando la desatención de territorios, regiones y comunidades, en educación, salud, seguridad, en desarrollo y en prácticamente todas las materias.
Hace más de doscientos años, con el triunfo de los liberales y la promulgación de la Constitución de 1857 se dio el punto final a una larga disputa entre federalistas y centralistas, pero tal parece que el presidente “Juarista” esta más a gusto con la concentración de todo el poder en sus manos para que su voluntad sea cumplida sin moverle ni una coma a sus deseos.
Debemos transitar a un federalismo cooperativo con una combinación de equilibrios y balances que permitan la gobernabilidad democrática; conseguir acuerdos, que son fundamentales para alcanzar el ejercicio racional del poder entre los estados miembros de la federación; políticas públicas descentralizadoras; una verdadera división de poderes; pesos y contra pesos; y un Estado de Derecho fortalecido.
* @ABrindizA Dra. en Administración Pública
@arturo_prida Lic. en Seguridad Pública
