Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
El proceso electoral 2023-2024 estuvo, desde su comienzo –e incluso antes-, marcado por la intervención descarada, ilegal y artera del delincuente electoral mayor, el presidente de la República, López Obrador, con la intención de favorecer a su candidata. Finalmente, los resultados del pasado 2 de junio confirmaron el peor de los escenarios posibles: una elección de Estado consumada con una victoria amplia del oficialismo.
Una elección de Estado no es incidente del día de la jornada electoral, sino la culminación de todo un proceso de manipulación y abuso de poder por parte del gobierno en turno para favorecer al partido oficial. Esto implica el uso ilegal de recursos públicos durante la campaña, la compra y coacción del voto, el cerco a la libertad de prensa y libre manifestación de ideas, la obstrucción de la participación de partidos políticos de oposición, la amenaza y persecución política contra opositores.
Lo del domingo pasado en México fue una elección de Estado en todo su esplendor, una elección fraudulenta, la más inequitativa de los últimos tiempos, con la intromisión del bandolero electoral que actúa como presidente de la República. Y fue el proceso electoral más violento de las últimas décadas.
La injerencia ilegal es de López Obrador, especialmente mediante sus inefables mañaneras, durante el proceso electoral fue evidente. Fue un intervencionismo descarado que, derivado de los cientos de denuncias de la oposición, ameritó la amonestación al Ejecutivo en más de 50 ocasiones por parte del INE y del Tribunal Electoral. Desafortunadamente, los árbitros electorales fueron complacientes ante la reincidencia delictiva, y nunca se atrevieron a imponerle una sanción ejemplar.
El uso ilegal de los programas sociales para orientar el voto hacia el oficialismo se dio principalmente a través de los mal llamados “servidores de la nación”, un ejército de 23 mil activistas de Morena pagados por la Secretaría de Bienestar con el objetivo de crear un clientelismo electoral para después amenazarlos con quitarles los programas sociales si no votaban por el oficialismo.
También, para todos ha sido evidente el embate presidencial desde su púlpito mañanero hacia los medios de comunicación, activistas sociales y opositores políticos. Los ejemplos sobran, solo por mencionar el último caso, cuando importantes integrantes de la comunidad intelectual, científica y cultural, manifestaron públicamente su respaldo a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y al bloque opositor e hicieron un llamado a votar por ella, Obrador los injurió llamándoles “alcahuetes de la oligarquía corrupta”, conservadores y todo lo que es su costumbre.
Estas prácticas autoritarias han estado activas desde que inició este sexenio, pero se acentuaron durante los últimos dos años que duró la campaña ilegal del oficialismo. Obviamente, este tipo de prácticas terminan por erosionar la confianza en el sistema electoral y socavan los principios fundamentales de la democracia.
Y peor aún, se confirma que pueden tener mayoría calificada en el Poder Legislativo para modificar la Constitución a su antojo, correremos el riesgo de deslizarnos a ser la Venezuela mexicana,
Por eso es que desde el PRD sostenemos que el triunfo de Claudia Sheinbaum es ilegal y que, a pesar de haber sido “favorecida” por el voto de 30 millones de mexicanas y mexicanos, será una presidenta ilegitima por el origen mismo de su triunfo: una elección de Estado.
No podemos permitir que este precedente tan dañino para nuestra democracia quede en la impunidad y peor aún en el olvido. Desde el PRD vamos a impugnar la elección y vamos a defender tu voto.
