Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
Así como condujo de principio a fin el sainete de las “corcholatas”, López Obrador está empeñado en entrometerse en el actual proceso electoral. Su intención es imponer a su sucesora presidencial y para ello ha decido transformar su investidura de Jefe de Estado a jefe de campaña electoral.
No es que esta “transformación” se haya dado ahorita, recordemos que desde el colapso de la Línea 12 del Metro que ocasionó la muerte de 26 personas y que puso en jaque las aspiraciones presidenciales de la responsable de esa tragedia, Claudia Sheinbaum, en ese entonces jefa de Gobierno de la CDMX, López Obrador asumió descaradamente la jefatura de la campaña electoral de su “corcholata” favorita con la clara intención de rescatarla para después imponerla.
Desde entonces López Obrador ha venido pasándose la Ley electoral por el “arco del triunfo”, disponiendo de todos los recursos que le brinda el Estado para promover electoralmente a la candidata presidencial que le asegura impunidad: a él por los más de 200 mil homicidios dolosos que dejarán sus pactos con el narcotráfico y los más de 700 mil mexicanos fallecidos por su ineficiente manejo de la pandemia; a sus colaboradores por el desvío de recursos económicos para financiar la presente campaña electoral, tal y como lo han denunciado Marcelo Ebrard y Sanjuana Martínez; y, sobre todo para sus hijos que han sido exhibidos favoreciendo con contratos multimillonarios a sus amigos empresarios.
Pero de unas semanas para acá, como si hubiera sido su propósito de año nuevo, López Obrador ha intensificado -como nunca antes- sus amenazas a ministros y magistrados electorales, sus ataques contra periodistas y opositores y su intromisión en el proceso electoral. Todo indica que ha decidido finalizar por adelantado su mandato presidencial para asumir de lleno la jefatura absoluta de la campaña electoral de la candidata oficialista.
Prueba de ello es su más reciente anuncio sobre su decisión de adelantar el envío de reformas constitucionales para el próximo 5 de febrero cuando anteriormente había declarado que las mandaría hasta septiembre cuando –según él- su partido y aliados hubieran ganado la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.
Hasta ahora nadie sabe –ni si quiera él- con claridad cuántas reformas constitucionales enviará – primero dijo que eran seis pero antier declaró que serán entre diez y veinte- ni tampoco el contenido de ellas, sin embargo, ha declarado que: una será para que los jueces, magistrados y ministros sean electos “por el pueblo”, seguramente así como el pueblo eligió a la incompetente de Lenia Batres; otra para que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario, algo que no sucede en ningún país del mundo; y, una más para reformar al INE que vendría siendo su plan E, es decir, su quinto intento por desmantelarlo.
Este tipo de propuestas populistas son una gran irresponsabilidad de López Obrador. Un verdadero Jefe de Estado nunca enviaría un paquete de reformas constitucionales así, por al menos cuatro razones: primero porque estamos en vísperas de las elecciones más grandes de nuestra historia; segundo, porque de aprobarse pondría en riesgo las finanzas públicas del país; tercero, porque sabe que no cuenta con el consenso para que sean aprobadas; y cuarto, porque está generando expectativas en la ciudadanía que sus sucesores no podrán cumplir.
Algo le preocupa a López Obrador que está dispuesto a cualquier cosa por conseguir votos sin importar las consecuencias. Parece que el Jefe de Estado también tiene “otros datos”, diferentes al de las encuestas “cuchareadas” que andan propagando desde el oficialismo con la intención de sembrar la idea de que la elección ya está definida y así aplastar el ánimo opositor.
López Obrador sabe que no hay nada definido, que hay tiro y que hay oposición, por eso ha decido menoscabar su investidura de Jefe de Estado a jefe de campaña electoral.
