Tras la ofensiva de Hamás en la Franja de Gaza, Israel adoptó un gobierno de emergencia el 11 de octubre de 2023. Conformado por el oficialismo y la oposición, la prioridad jurídica y logística de la coalición es administrar las milicias israelitas en Palestina.
Bajo esta línea, el académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mario Sznadjer, señaló que el conflicto geopolítico entre Israel y Palestina está marcado por una división jurídica al interior del país. Ello, en mayor medida, por las protestas en contra de la reforma jurídica que se discute entre legisladores desde hace 8 meses.
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En un seminario digital organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con acceso para NotiPress, académicos sostuvieron un diálogo sobre el marco jurídico del conflicto Israel-Palestina. Si bien el conflicto armado que se suscitó desde el 7 de octubre de 2023 ha captado la atención de la Unión Europea y Estados Unidos, el tema de “revolución legal” es clave para entender a la sociedad israelita.
La polémica reforma judicial de Israel fue aprobada en un primer momento el 24 de julio de 2023 con el voto de 64 legisladores. Bajo una medida que restringe la influencia del poder judicial en temas de guerra, los ciudadanos organizaron una serie de protestas.
Según Amnistía Internacional, la reforma tiene por objeto limitar la revisión judicial y facultades de supervisión del Tribunal Supremo de Israel. Entre las medidas propuestas por las autoridades, la organización defensora de los derechos humanos resaltó el poder absoluto sobre el nombramiento de jueces y fiscales.
Por su parte, la reforma puede abolir la razonabilidad como uno de los motivos para impugnar decisiones del gobierno. De acuerdo con Sznadjer, la propuesta de reforma jurídica pone el foco de atención en un aspecto que suele no ser discutido por los comentaristas: la división al interior de Israel.
El vocero de la Universidad Hebrea de Jerusalén señaló que la oposición con motivo de la iniciativa de ley abarca tanto gobierno y pueblo, como entre la misma sociedad civil. Con respecto a Palestina, las protestas por la “revolución legal” representan que hay también un conflicto social sobre la percepción de las autoridades en Israel.
Ante el temor de sufrir abusos, operar en la ilegalidad, y otorgar demasiado poder a la milicia, las protestas lograr frenar momentáneamente la reforma, señaló Sznadjer. “No logra sacar adelante sus proyectos de revolución legal; primero, y principalmente, porque una gran parte de la población civil se vierte a la calle y protesta en general de manera no violenta”, concluyó el académico.
Sin embargo, ante el gobierno de coalición entre los poderes de Israel, la prioridad jurídica para las fuerzas armadas podría eliminar la necesidad de revisiones tribunales. En consecuencia, Amnistía Internacional destacó que las organizaciones de derechos humanos mantienen sus preocupaciones por la violencia que sufre la población civil, tanto de Palestina como de Israel.
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