El jueves 5 de octubre, los abogados del expresidente Donald Trump solicitaron a un juez del tribunal de Washingtong DC desestimar los cargos relacionados con su presunta interferencia electoral en 2021. La moción de 46 páginas desestima cuatro de los cargos hechos en contra de Trump, mediante citas de supuesta protección constitucional y precedentes de casos federales. La prensa estadounidense ha calificado este como “fanfarronadas disfrazadas de argumentos legales”.
A su vez, los medios de Estados Unidos, consideran esto es un movimiento legal de los abogados para retrasar el juicio más allá de la fecha de inicio programada, marzo de 2024. The Washington Post describe que la mayoría de las sentencias previas al juicio no pueden ser apeladas, sino hasta la emisión del juicio y veredicto. Sin embargo, las disputas sobre inmunidad son una excepción a la regla, con ello Trump tendría un argumento sólido para apelar una denegación de su moción, la cual podría llevar meses.
De este modo, se abriría una ventana en la agenda de Trump para acoplarse con los tiempos de las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, cabe recordar esta solo es una de las 4 imputaciones por más de 90 cargos que enfrenta en diferentes estados.
La inmunidad a la que apelan los abogados de Trump se basa principalmente en una cita constitucional.
Para garantizar que el presidente pueda servir sin vacilaciones, sin temor a que sus oponentes políticos algún día lo procesen por decisiones que no les gustan, la ley proporciona inmunidad absoluta por actos dentro del ‘perímetro exterior’ de la responsabilidad oficial [del presidente]”, menciona la cita constitucional.
Según Todd Blanche, John Lauro, Gregory Singer y Filzah Pavalon, defensores de Trump, las declaraciones del expresidente en redes sociales, conversaciones con funcionarios sobre planes de listas de electores alternativos, entre otras, están dentro del marco de inmunidad de “perímetro exterior.
A su vez, según el documento del distrito de Columbia, aseveran “Rompiendo 234 años de precedentes, la administración actual ha acusado al presidente Trump por actos que se encuentran no solo dentro del ‘perímetro exterior’, sino en el corazón de sus responsabilidades oficiales como presidente“. De este modo, la defensoría sostiene, el Senado carece de la jurisdicción para juzgarlo. Basándose en que al haber sido absuelto de sus cargos por juicio en el senado, el fiscal especial no tiene la autoridad de cuestionar este.
The Washingtong Post, aprecia esto como un esfuerzo para impulsar el argumento de que los presidentes son absolutamente inmunes a demandas civiles por acciones oficiales, el cual es aplicable en casos específicos. Como lo fue el del presidente Nixon Fitzgerald en la corte suprema. De este modo, se considera, la apelación de inmunidad no tiene otra intensión que aplazar la fecha de inicio del juicio.
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