A través de una videoconferencia, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México, reveló detalles sobre el tráfico ilegal de armas de EstadosUnidos a México. Según Alcántara, las armas no aparecen por generación espontánea, sino por “una irresponsabilidad de las empresas, quienes permiten que los criminales puedan acceder a ellas en Estados Unidos”.
Datos compartidos de la SRE a través de Celorio Alcántara revelaron que el gobierno mexicano hainvertido cerca de 15 mil millones de dólares para frenar el tráfico ilícito de armas. Es decir, esta cantidad se traduce al 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país con la intención de responder a la violencia armada.
“Hay fabricantes con permiso, los cuales venden a distribuidores con permiso, a su vez, le venden minoristas con requisitos de la ley, hasta resultar en ser compradores falsos”. Afirmó Alcántara, tras concluir la nueva audiencia en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts, sobre demandas contra la venta de armas y tráfico ilícito en México.
La audiencia surge a raíz de buscar una nueva revisión sobre los argumentos entregados a la corte en septiembre de 2022 a la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA). Esto cuando el Tribunal Distrital de Estados Unidos, en Massachusetts, desestimó la demanda mexicana argumentando que era improcedente por parte de la PLCAA.
En su momento, el Gobierno de México expuso que esta diligencia (PLCAA) y la ley no puede tener efectos extraterritoriales. Sobre todo, cuando México reclama por los daños causados por el uso ilícito de estas armas en su propio territorio.
Sin embargo, el abogado de Smith & Wesson, una de las empresas demandadas, argumentó que la demanda de México no contenía argumentos para justificar una excepción a la Ley de la PLCAA. Esta iniciativa protege a las empresas especializadas en fabricar y vender armas de cualquier acción por los daños causados por el uso ilegal de sus productos.
Por su parte, el juez de circuito estadounidense, William Kayatta, destacó que México no había alegado que los fabricantes de armas hubieran violado directamente alguna ley. Si no una de las principales teorías jurídicas era el haber ayudado e instigado a otros a traficar con armas en el extranjero, creando una responsabilidad potencial.
Cuando volvió a tener la oportunidad de exponer su caso, el Gobierno de México aseguró que la PLCAA protege a las empresas de ser demandadas en las cortes de Estados Unidos. Por tal motivo, la SRE argumentó que en Estados Unidos sí se permite la aplicación extraterritorial de algunas leyes, pero solo si esto se prevé en su propio texto, lo cual no ocurre hasta el momento.
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