Por Ángel Enrique Dupuy Alcántara
Hace 3 años, varios diputados y senadores de la República realizaron campañas de promoción para la creación de una nueva Ley General de Juventudes. Según los susodichos, esta Ley eliminaría a los gandallas que realizaban sus actividades como representantes jóvenes cuando ya no lo eran; a las personas que les quitaban espacios de representación popular a los verdaderos jóvenes para seguir promoviendo sus objetivos e intereses; para que los directores de los Institutos estatales y municipales de Juventud tuvieran la obligación de ser jóvenes, entre otras problemáticas. Inclusive, una senadora que está realizando desayunos, actividades y convenios empresariales en Morelos para obtener su candidatura a la gubernatura sería una de las “impulsoras” de dicha ley y, ni siquiera le dio seguimiento ni importancia a la misma.
Hoy, la Ley General de Juventudes sigue en la congeladora; se aprobó una reforma constitucional en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para disminuir la edad para ser diputado, senador y secretario de gobierno; no obstante, las leyes se quedan pasmadas en papel, ya que los partidos políticos, según el Instituto Nacional Electoral (INE), ni los estados, según los reglamentos estatales y federales, tienen la obligación de financiar a los cuadros jóvenes. Entonces, si ni las leyes ni el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparan la posibilidad de que los cuadros jóvenes crezcan, ¿qué hacer para respetar los espacios juveniles?
Las leyes federales y estatales que establecen la participación de los jóvenes en el gobierno explican que se debe crear un órgano descentralizado de la Secretaría del Bienestar para la promoción de políticas públicas que permitan a los jóvenes capacitarse y ser parte de la toma de decisiones de los gobiernos. Fue así como se crearon el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y, los institutos estatales y municipales de juventud. Asimismo, el INE explica que la juventud tiene un rango de edad de entre los 18 y los 29 años de edad. No obstante, en varios estados y municipios, los institutos son dirigidos por personas mayores a los 30 años de edad, es decir, que sus directores no son jóvenes. Por otro lado, estos institutos están obligados a realizar proyectos para la juventud pero, no tienen la obligación de financiar a las promesas jóvenes que necesitan recursos económicos para lograr sus sueños y ser representantes de nuestro país, de sus estados y, de sus comunidades en el mundo.
“Mi palabra es la ley” diría Vicente Fernández en la canción El Rey aunque el presidente López Obrador tampoco canta mal las rancheras. El pasado lunes, el presidente envió una reforma de ley a la Cámara de Diputados para desaparecer el Instituto Mexicano de la Juventud y, para que la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social (STPS) absorba sus funciones. Entonces, ni órganos de representación juvenil ni financiamiento. Ni institutos de desarrollo juvenil ni participación política real.
Todavía en colmo, personajes de la coalición “Juntos Hacemos Historia” (MORENA-PT-Verde) han expresado en redes sociales que son los impulsores de la juventud, ya que, gracias a ellos, se ha promovido un relevo generacional para que en los siguientes años los partidos políticos tengan una mayoría joven. ¿Coincidencia? No lo creo.
Observemos las estadísticas, según Ollín A.C., asociación dedicada a la observación de la participación juvenil en los estados de la República Mexicana expone, en el Índice Nacional de Participación Juvenil de 2017-2018 que solo el 9% de los tomadores de decisiones en las dependencias gubernamentales son jóvenes. Por otra parte, solo 4 de cada 1000 jóvenes que están en los partidos políticos son parte de la toma de decisiones en los mismos (Ollín, 2018). En estas estadísticas, los institutos de juventud estaban vigentes y la mayoría de partidos políticos tenían secretarios de jóvenes.
5 años después, el país ha cambiado, en los Estados la mayoría de los trabajadores son mayores de 29 años; en varios institutos municipales de juventud no tienen presupuesto o este no es entregado. Varios partidos ya no tienen dirigentes estatales de jóvenes o, son supuestos jóvenes mayores a los 35 años de edad. ¿Jóvenes, qué hacemos para defender nuestros derechos?
La respuesta, unirnos en pro de la existencia de políticas públicas que permitan el libre desarrollo juvenil, que permitan nuestra incidencia política y en la toma de decisiones de los consejos estatales y/o nacionales. En expresar nuestro descontento ante la desaparición del IMJUVE, ya que esto permitiría que los gobiernos estatales puedan armonizar las leyes para que los institutos estatales de juventud dejen de existir.
¿Se veía venir dicha propuesta? Sí. Después de la transición de 2018, se recortó el presupuesto para el IMJUVE; por tanto, empezaron a desaparecer o disminuir gradualmente proyectos, tales como el emblemático debate político, promociones de becas estudiantiles para estudios en el extranjero, campañas nacionales de educación sexual, etc. Ahora, ¿qué elimina esta propuesta? Campañas juveniles en contra de las enfermedades de transmisión sexual, el Consejo Ciudadano de Políticas Públicas en Materia de Juventud (CONSEPP), alianzas internacionales de juventud por parte del gobierno federal, financiamiento federal para las personas jóvenes en un estado de vulnerabilidad que hayan pedido apoyo a esta institución, entre otros.
Este México necesita de los jóvenes y, el cerrar esta institución, disminuye la posibilidad de que exista un verdadero relevo generacional. ¡Sigamos luchando por las causas de los jóvenes! ¡México nos necesita! ¡No a la desaparición del IMJUVE! ¡No al retroceso! ¡Sí a los jóvenes! ¡Sí al cambio generacional!
Ángel Enrique Dupuy Alcántara. Dirigente de jóvenes del PRD en el estado de Morelos. Impulsor de la oratoria y el debate en México.
