Por Jesús Ortega Marínez
Alejandro Pérez tiene 21 años y es sobreviviente de la masacre que, el domingo pasado, llevaron a cabo soldados del ejército mexicano en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.
Alejandro, era parte de un grupo de 7 jóvenes, que a bordo de una camioneta propiedad de uno de ellos, transitaban por las calles de esa ciudad fronteriza. Venían de divertirse en una discoteca, y en algún momento, (para su desgracia) se toparon con vehículos militares que los interceptaron, los agredieron, los balearon y, finalmente…. ¡asesinaron a cinco de ellos! Alejandro pudo sobrevivir, porque los militares le condicionaron su vida, “a que se declarara culpable”. Así, los militares le grabaron una declaración de auto culpabilidad, a un lado, separado apenas unos metros de los cuerpos inermes de sus amigos.
Fue una ejecución cruel, atroz, salvaje, por parte de los soldados, como otras sucedidas en esa misma entidad, o en otras ciudades y poblaciones de México.
A partir de declaraciones ante funcionarios ministeriales, se ha evidenciado, que los jóvenes nunca agredieron al comando y menos propiciaron la reacción brutal de los soldados. El capitán ante cuyo mando se encontraban los efectivos militares, reconoció que nunca hubo disparos por parte de los jóvenes y, además, asumió el hecho de que no fue encontrada ninguna arma en el vehículo que utilizaban.
¿Y entonces porque la belicosidad de los soldados?
¡Nada hubo! simplemente eran jóvenes que circulaban en calles de Nuevo Laredo y en su camino encontraron al comando militar que los persiguió hasta liquidarlos, debido, dice la SEDENA…. “a que no traían las luces encendidas y aceleraban la velocidad del vehículo”
De ser cierta la versión de la secretaria de la defensa nacional, cinco jóvenes fueron ejecutados por soldados del ejército mexicano debido…. ¡a una falta de transito.! Esto es una barbaridad que debiera escandalizar al conjunto del país, y que debiera obligar al presidente a relevar al secretario de la defensa y a la secretaria de seguridad y protección ciudadana, ambos funcionarios del gobierno, que tienen la responsabilidad política sobre el comportamiento que asumen los efectivos militares en las labores policiacas.
Esta tragedia es una de tantas que se suceden en muchas regiones del País y ello es consecuencia de la decisión del presidente López Obrador de militarizar buena parte de las entidades y funciones del gobierno, entre ellas la seguridad pública. El resultado neto de esta determinación es un fracaso, pues no hay datos ciertos que indiquen, que con los militares en las calles, los delitos hayan disminuido. En sentido contrario, lo que si se observa es que la mayor parte del territorio nacional se encuentra bajo el poder de la delincuencia organizada. Los capos mandan y las autoridades civiles y militares, son solo observadores (y en muchos casos cómplices) del impresionante crecimiento de los negocios ilícitos, las actividades criminales y la violencia que ensangrienta al país.
Los militares, en las tareas de la seguridad pública, propician la violación de los derechos humanos, pero además son claramente incapaces en el combate a la delincuencia.
