El lunes pasado, la Comisión de Venecia, integrada por expertos independientes de 61 países, dio a conocer su opinión técnica sobre la reforma político-electoral propuesta por el presidente López Obrador.
La opinión de la Comisión es muy puntual y se centra particularmente en las repercusiones que dicha reforma podría llegar a tener para el INE y para el Tribunal Electoral y advierte que, de aprobarse en sus términos, implicaría “altos riesgos” en contra de la democracia:
- Pondría en riesgo la confianza ciudadana en el sistema electoral: “cambiar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de los diferentes actores electorales sobre la base de varios ciclos electorales y años de evolución democrática conlleva el riesgo inherente de socavar dicha confianza.”
- Pondría en riesgo la objetividad, independencia e imparcialidad de las autoridades electorales: “Las enmiendas propuestas a la Constitución no ofrecen suficientes garantías de la independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral… Los miembros de estos órganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes y, por lo tanto, no se les debe permitir hacer campaña (presentarse como candidatos en las elecciones directas).”
- Pondría en riesgo la representación y la pluralidad de los órganos electorales: “El procedimiento propuesto para la elección directa de los Consejeros del INEC y jueces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado, ya que no se ajusta a las normas internacionales y a las mejores prácticas en el ámbito electoral, que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de administración electoral (construidos de forma estricta o proporcional).”
- Pondría en riesgo la calidad de las elecciones: “La eliminación de los órganos de administración electoral de nivel inferior y la creación de estructuras ad hoc con personal temporal tendrán un impacto negativo en la calidad de las elecciones a diferentes niveles.”
No tengo duda de que toda ley, institución y sistema electoral son perfectibles, sin embargo, y en concordancia con la opinión demoledora de la Comisión de Venecia, tengo la certeza de que esta reforma implicaría un retroceso que pondría en riesgo la esencia de nuestra democracia.
Por más que López Obrador trate de enmascarar su amago autocrático con la propuesta de una fórmula supuestamente democrática que permitiría a la ciudadanía elegir a los consejeros y magistrados electorales, la realidad es que su intención no es fortalecer a la democracia sino desmantelar al INE, capturar al Tribunal Electoral, debilitar a la oposición, concentrar el poder y eliminar la pluralidad política del país.
Estamos obligados a resistir, a pelear, a seguir dando la lucha para votar en contra de una reforma constitucional en materia político-electoral de carácter regresivo y autoritario como la que se está planteando. Esta es la última oportunidad que tendremos como oposición para recuperar, un poco o mucho, de la confianza que se perdió en semanas anteriores y armar una coalición opositora que asuma compromisos.
Artículo publicado el 27 de octubre de 2022, el El Diario del Yaqui
