Poco más de dos semanas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara el derecho al aborto en el país, partidarios y opositores de esa medida enfrentaron este martes en el Senado sus respectivas realidades: desde acusaciones de agresiones a peticiones para que sea restablecido.
La cámara alta, de mayoría demócrata, interrogó entre otros a profesores de derecho y representantes de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo y de atención prenatal para perfilar cómo el fallo judicial ha impactado en el día a día de los estadounidenses.
“Que nadie se equivoque. La decisión de una mujer sobre sus opciones de salud reproductiva ya no está protegida o garantizada por la Constitución”, apuntó el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin.
El Supremo derogó el pasado 24 de junio la sentencia ‘Roe contra Wade’ (1973), que protegía el derecho al aborto en Estados Unidos.
Una decisión que para el senador republicano Ted Cruz fue “una victoria para la democracia”, según dijo en esta sesión.
Este fin de semana había ya 21 de los 50 estados del país con un veto al aborto en vigor o previsto en breve, o con grandes restricciones a su acceso, según la senadora demócrata Dianne Feinstein. Organizaciones como Planned Parenthood, que defienden ese derecho, creen que la cifra llegará a los 26 en las próximas semanas y meses.
En la audiencia se rebatió con cifras la satisfacción de los opositores al aborto. La vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, en cuyo estado sigue siendo legal, advirtió de que el país se encamina hacia un futuro de mortalidad materna “innecesaria”.
“La América post Roe será devastadora para las mujeres negras, cuya mortalidad materna es dos o tres veces superior a la de las blancas debido al racismo estructural y la misoginia. Un estudio estima que sin un acceso seguro y legal al aborto esa tasa se incrementará un 2 % entre las mujeres negras y casi un 20 entre las hispanas”, dijo.
La decisión del Supremo fue recibida con manifestaciones en su contra en distintos puntos del país y el presidente, Joe Biden, criticado por quienes creen que no ha hecho lo suficiente para defender el derecho al aborto, ha pedido a su gobierno tomar medidas para proteger el acceso a los servicios de salud reproductiva de las mujeres.
VIDAS EN PELIGRO
“Las peticiones de citas en nuestra clínica (tras el fallo del Supremo) se triplicaron casi de la noche a la mañana. Forzar a la gente a seguir adelante con embarazos no deseados costará vidas”, recalcó Colleen P. McNicholas, directora médica de Planned Parenthood en la región de Saint Louis y el suroeste de Misuri.
La sesión trasladó al Senado la polarización que ha experimentado Estados Unidos desde que el Supremo se pronunciara al respecto.
“El embarazo no es una barrera para el éxito. Decir otra cosa es degradante. El aborto es un acto de violencia contra los seres humanos más inocentes y vulnerables”, afirmó Denise Harle, consejera del grupo de defensa legal cristiano Alliance Defending Freedom.
La directora ejecutiva de Alternatives Pregnancy en Sacramento (California), Heidi Matzke, que ofrece asesoramiento y cuidados a la hora de seguir adelante o no con un embarazo, pero cuyos centros se considera que defienden el derecho a la vida, denunció por su parte los ataques recibidos contra su institución.
“Hemos tenido que pintar nuestro edificio con pintura anti graffiti, añadido cámaras de seguridad y reforzado nuestras puertas y paredes contra las balas”, concluyó una comparecencia que será seguida de otras similares esta semana en esa misma cámara y en el Congreso.
EFE
