Felipe VI de España conmemora este domingo el octavo aniversario de su reinado, un tiempo en el que se ha esforzado en conseguir una mayor transparencia de la institución monárquica, mientras las polémicas se sucedían en torno a supuestos negocios irregulares de su padre, Juan Carlos I.
Estos ocho años como jefe de Estado han estado salpicados de sucesivas crisis de distinta índole y momentos complejos que lo han obligado a tomar decisiones tanto en el plano familiar como institucional.
Uno de los asuntos que más impacto ha tenido en su trayectoria como rey ha sido el caso de su padre, del que lleva alejado desde que la Fiscalía española decidió investigarlo, hace más de dos años, por el dinero que habría manejado en el extranjero antes y después de dejar de ser jefe de Estado.
El rey emérito Juan Carlos reside desde 2020 en Abu Dabi, adonde decidió trasladarse a raíz del revuelo que levantaron varias informaciones sobre esos negocios; regresó momentáneamente a España en mayo, en medio de una gran expectación y polémica, para pasar unos días en una localidad turística del noroeste y verse con su hijo en Madrid.
A pesar de archivarse la causa por prescribir las irregularidades o estar protegido por la inviolabilidad de que gozó hasta 2014, cuando abdicó en su hijo, sigue siendo una incógnita hasta cuándo mantendrá la residencia en Abu Dabi. Tenía previsto un nuevo viaje a España unos días de este mes, pero lo aplazó por motivos “personales”.
A ello se une su negativa de dar las explicaciones y las disculpas que le exige el Gobierno por su conducta y por lo que se ha conocido de él en el plano personal y el financiero en los últimos años.
UNA CORONA RENOVADA
Al tiempo que ha criticado con dureza a Juan Carlos I, el Ejecutivo español, que preside el socialista Pedro Sánchez, ha reafirmado su apoyo firme a Felipe VI por su empeño de renovar la Corona.
En marzo de 2020, Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia que personalmente le pudiera corresponder de su padre, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen pueda no estar en consonancia con la legalidad o con criterios de rectitud.
Y el 25 de abril pasado, el rey reveló su patrimonio, de 2,57 millones de euros (2,7 millones de dólares), y el Gobierno aprobó un decreto por el que el Tribunal de Cuentas auditará la contabilidad de la Casa del Rey, aunque sin control del Congreso.
“Son medidas que refuerzan la confianza en la institución y en el rey. Si algo le define, es su sentido del deber, la responsabilidad, la búsqueda de los intereses generales, el respeto a la ley y la primacía de los principios éticos y morales sobre cualquier consideración”, aseguran fuentes de la Jefatura del Estado.
Sin embargo, el goteo de noticias negativas sobre el rey emérito Juan Carlos ha seguido alimentando los ataques a la Corona de algunos partidos de izquierda, como Podemos, y de los independentistas vascos y catalanes.
Recientemente, los socialistas, los conservadores y la extrema derecha impidieron abrir un debate parlamentario sobre los límites de la inviolabiliad del Jefe del Estado, que figura en la Constitución.
Otro de los retos que Felipe VI es que se normalice su relación institucional con el gobierno soberanista de Cataluña (noreste), que lo somete a veto desde que el 3 de octubre de 2017 pronunciara un discurso contundente contra el proceso independentista ilegal que promovían entonces las autoridades de esa región.
EFE
