Por Sara Lovera (saraloveralopez@gmail.com)
Baja California Sur se convirtió este 2 de junio en la novena entidad en armonizar su ley para aprobar la interrupción legal del embarazo hasta la 12 semana de gestación y definir la responsabilidad de la entidad para que el sistema de salud atienda, en forma gratuita y universal, a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
La decisión se tomó en menos de 10 días desde que se presentó la iniciativa y, por primera vez, se acuerda por iniciativa ciudadana. Con 16 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, la cámara local aprobó en lo general y en lo particular el dictamen.
Con frases como “por el derecho de las mujeres”, “por el derecho a la salud y el respeto irrestricto a las mujeres”, “por la salud la vida y la seguridad de las mujeres”, “por la justicia social para todas las mujeres”, las y los 16 diputados pronunciaron su voto a favor y solamente José Rigoberto Mares, Blanca Bella Reynosa y Armando Martínez Vega se manifestaron en contra.
El dictamen fue presentado por el diputado José María Avilés Castro, jefe del grupo de Morena. En la discusión, la joven diputada Guadalupe Vázquez Jacinto defendió el texto, al alegar que es un triunfo de las y los jóvenes, mientras la indígena Eufrocina López Velazco, en tribuna, dijo estar a favor porque ella fue violada.
Con esto quedan aprobadas por mayoría las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud de Baja California Sur, donde por primera vez, desde que en 2007 se aprobó la ILE en la Ciudad de México, se dictaminó una iniciativa ciudadana propuesta por la presidenta del Centro Mujeres A.C. en La Paz, Mónica Iris Jasis Silberg.
Esta decisión se suma a los estados de la República que ya liberalizaron el aborto y Baja California Sur se añade a la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Colima, Sinaloa, Baja California, Guerrero y Veracruz. Esto sucede a menos de un año en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que toda mujer que se practique un aborto no será criminalizada, ni quien como profesional médico lo haga.
Entonces la SCJN dejó a los legisladores locales resolver el tema de la objeción de conciencia, que en este caso, se precisó, se mantiene la obligación de las autoridades de salud a garantizar este derecho.
En México, la primera vez que se buscó la interrupción del aborto fue en 1942 y transcurrieron casi 70 años para legislar sobre aborto en la Ciudad de México en 2007, y hasta 13 años después sucedió en Oaxaca, la segunda entidad que lo aprobó.
Pero entre 2020 y 2022 se sumaron estas siete entidades, faltan todavía 25. En 14 hay iniciativas depositadas en los congresos locales. En la mayoría de las entidades se podrá interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de la gestación, solamente en el estado de Sinaloa es hasta las 14 semanas.
No hay en toda esta historia un partido político que haya sido aliado. En cada caso son distintos, por ejemplo, el antiguo partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, votó en contra en Guerrero y fue ese partido el que encabezó la iniciativa en la Ciudad de México. En Baja California Sur, el PRI tuvo débiles argumentos. Únicamente el Partido Acción Nacional históricamente se ha opuesto.
La propuesta en esta entidad fue realizada el 26 de mayo, como parte de una iniciativa ciudadana dirigida por la presidenta del Centro Mujeres A.C. en La Paz, Mónica Iris Jasis Silberg.
La iniciativa ciudadana, que se aceptó en el Congreso y se dictaminó en comisiones unidad de igualdad, justicia y puntos constitucionales, destaca como argumento central el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ?emitido en septiembre de 2021?, en el que se declara como inconstitucional sancionar a las mujeres por interrumpir un embarazo.
Se derogó el artículo 155 del Código Penal que sancionaba con seis meses a dos años de prisión o trabajo comunitario a la mujer que voluntariamente se practicara un aborto. Penas semejantes quedaron para quien se lo practique ahora después de las 12 semanas.
Jassis, que estuvo en la Sesión, igual que las colectivas y grupos feministas, sostuvo que ahora “es imprescindible que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como todas las decisiones sobre sus propios cuerpos, se conviertan en un derecho de todas las mexicanas”.
Así quedaron reformados cinco artículos del Código Penal y seis de la Ley de Salud, se mantiene como delito el aborto después de las 12 semanas, se establece hasta con 10 años de cárcel en caso de aborto forzado y se precisan los casos de objeción de conciencia del personal médico y de salud, señalando con claridad que los sistemas de salud oficial deberán garantizar la ILE a todas las mujeres, en tanto los objetores de conciencia deberán registrarse en una lista y estarán obligados a atender a una mujer cuando haya peligro de su vida, se trate de una urgencia médica o se le haya negado la ILE indebidamente.
Los razonamientos de las y los diputados que votaron a favor señalaron que esto responde a la defensa de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres; que la ILE es un derecho humano previsto por organismos internacionales y acorde con la Constitución de la República.
SEMLAC
