Por Rafael Hernández Estrada
Aunque su motivación inmediata es el desquite y tiene una alta dosis demagógica, preocupa la deriva retórica del Presidente de la República, quien se lanzó contra quienes llamó “traidores a la patria”. Deben atenderse las similitudes de esta narrativa con las Camisas Negras de Mussolini, la Guardia Roja de Mao y los “actos de repudio” a los que aún hoy recurre la dictadura cubana. La orden presidencial de exhibir a las y los diputados federales que votaron contra su reforma eléctrica instiga a sus seguidores para que los agredan verbal o físicamente, bajo el disfraz de una movilización supuestamente patriótica.
De entrada, al difamar e insultar a las personas que integran poco menos de la mitad de la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador violó la Constitución una vez más. Puso en entredicho la función esencial del Poder Legislativo, que es la formación de las leyes. Efectivamente, los representantes populares que integran las cámaras deben conocer y dictaminar las iniciativas de reforma constitucional, las de nuevas leyes y las de reformas a las leyes existentes. Tienen la atribución de votar a favor o en contra de aprobarlas, de conformidad con los artículos constitucionales 50, 70, 72 y 135 (este último, cuando se trata de reformas a la Constitución), así como por la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y los reglamentos de las cámaras.
Tal derecho está expresamente protegido por el artículo 61 de la propia Carta Magna, que establece que “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.”
Como parte de la cargada, en la que diputados y dirigentes disputan a empellones el lugar más destacado para hacer notar su fidelidad al líder de la llamada cuarta transformación, Mario Delgado e Ignacio Mier (presidente y coordinador parlamentario del partido Morena, respectivamente) tradujeron el epíteto presidencial en líneas de acción: el primero anunció una campaña nacional para denostar a los 223 diputados federales y dijo que los demandará penalmente por el delito de traición a la patria descrito en el artículo 135 del Código Penal Federal. El segundo habló de paredón y de fusilamiento contra los supuestos traidores, pese a que la pena de muerte fue derogada de las leyes penales de México desde 1980. La proclama del diputado Mier es, de plano, una conducta típica de otro delito federal: la provocación y apología del delito, pues es un llamado expreso a la comisión de crímenes como el homicidio, las lesiones y/o el daño patrimonial contra los señalados.
Como se ha dicho, un sentido práctico de la grave acusación de AMLO, consiste en azuzar a los seguidores y a los burócratas bajo su mando, como en su tiempo operó Benito Mussolini con sus Camisas Negras, que eran un “instrumento de persuasión” de su movimiento, encargado de la exhibición pública de los oponentes políticos y sociales del fascismo para intimidarlos. A la intimidación seguía la violencia en su contra y hasta el asesinato.
Mao Tse-tung presentó la llamada Revolución Cultural como una profunda reforma de los valores de la sociedad, pero, en la práctica, fue una lucha para imponer su poder unipersonal en la República Popular China. Los maoístas en el poder denunciaron en 1965 un supuesto golpe de Estado de “los derechistas” y, en mayo de ese año, profesores y estudiantes de la Universidad de Pekín colgaron carteles (llamados dazibaos) para denunciar a otros universitarios como “elementos derechistas”. Esta forma de exhibición pública se extendió por todo el país con la participación de grupos de jóvenes bautizados como la Guardia Roja, vestidos con uniforme paramilitar, brazaletes rojos y portando el Pequeño Libro Rojo (selección de citas del Presidente Mao), sin importar que los acusados fueran héroes nacionales, destacados científicos o dirigentes del Partido Comunista. De los dazibaos con el nombre, fotografía y acusaciones contra los imputados, pronto se pasó a la realización de actos de humillación pública en los que éstos eran forzados a exhibirse con carteles, tocados grotescos y a “confesar” ante la multitud que eran espías del Koumintang o “personas afectas a Jrushov” (el líder soviético que sustituyó y criticó a Stalin). Millones de víctimas sufrieron ese trato arbitrario, algunos fueron asesinados, otros se suicidaron o quedaron incapacitados para el trabajo. Sus “crímenes” podían consistir en conocer a un extranjero, poseer libros prohibidos, dedicarse a estudios clásicos, ser profesores o jefes exigentes o haber criticado o dudado de Mao en algún comentario ocasional.
Una experiencia similar, más cercana geográficamente a nuestro país, se vive aún hoy en la querida Cuba. Desde la década de los setenta, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) llevaron a cabo “actos de repudio” contra diferentes personas, que habían sido identificadas como desafectos a la revolución encabezada por Fidel Castro, y que eran calificadas como “antisociales”.
Hacia la década de los noventa, los CDR fueron sustituidos en estas tareas represivas por las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, que son grupos de corte paramilitar. Aunque aparentan ser acciones espontáneas y masivas de la población, en realidad son orquestadas desde el gobierno de la isla. Los “actos de repudio” son una política represiva utilizada contra artistas, activistas, youtubers, periodistas disidentes, las Damas de Blanco (que son un grupo de mujeres que exige la liberación de los presos políticos), homosexuales, y consisten en el cerco de las casas de los disidentes, a veces por días enteros, impidiéndoles salir, cortando la luz o el agua potable, insultándolos en forma escandalosa y pintando las fachadas de sus casas para marcarlas como reducto de gusanos, parásitos, escoria. El gobierno cubano ha expresado que los “actos de repudio” son necesarios para “mostrarle al enemigo que con el pueblo no se juega”.
El 21 de abril, López Obrador respaldó la campaña en la que Morena exhibe públicamente a los diputados que rechazaron la también llamada Ley Bartlett en los siguientes términos: “Que cada quien se haga responsable de sus actos, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo ‘no quiero que me digan que soy traidor’ cuando consciente o inconsciente ayude a las empresas extranjeras”. Además, al dar lectura al artículo 135 del Código Penal Federal, prácticamente amenazó a los legisladores disidentes con la cárcel.
Por eso cabe preguntar, como se hace también desde otros ámbitos: ¿México está en el arranque de una ola de arbitrariedad gubernamental extrema como las del fascismo italiano, el maoísmo chino y la dictadura cubana?
Twitter: @rafaelhdeze
Artículo publicado el 29 de abril de 2022 en la revista Siempre
