Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
El pasado domingo 13 de marzo se cumplió un año de la injusta detención de nuestro compañero Rogelio Franco, destacado dirigente del PRD en Veracruz.
Rogelio Franco fue acusado de “ultrajes a la autoridad” porque presuntamente agredió de manera física y verbal a un elemento de la Policía Ministerial. Un juez de control le negó el arraigo domiciliario y le dictó prisión preventiva por ocho meses por supuestamente haber roto una playera de 350 pesos. Una medida cautelar de lo más lesiva y un hipotético daño irrisorio.
Claramente Rogelio Franco es un preso político del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien haciendo uso faccioso de la fiscalía de ese estado le fabricó un delito por venganza política y con la intención de sacarlo de la contienda electoral. El gobernador inepto no lo logró, nuestro compañero Rogelio Franco desde la cárcel ganó su lugar en las elecciones del pasado 6 de junio y actualmente es un diputado federal electo.
Sin embargo, nuestro compañero sigue en prisión. Esto a pesar de que el pasado 1ero de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del delito de “ultrajes a la autoridad” y ordenó liberar a todos los detenidos por este delito en Veracruz.
El delito de “ultrajes a la autoridad”, que ilegalmente utilizó el gobernador de Veracruz durante todo un año y con el que logró encarcelar a más de mil personas, está siendo hoy utilizado, de facto, por la regenta del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para igualmente hostigar, perseguir y violentar a sus opositores políticos.
Es el caso de nuestra compañera Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, quien el pasado lunes 14 de marzo fue suspendida temporalmente de sus funciones por una jueza de control de la CDMX por los supuestos delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.
Sandra Cuevas es acusada de robar (inicialmente la habían acusado de “privación ilegal de la libertad”) a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de discriminar al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a quien supuestamente llamó “maricón”.
Sí, la acusación suena irrisoria pero la jueza Elma Maruri Carballo decidió suspender a la alcaldesa temporalmente de sus funciones, una medida cautelar absurda y totalmente desproporcionada, sin ni siquiera tomar en cuenta el principio constitucional de la presunción de inocencia, como tampoco escuchar sus argumentos, ni valorar las pruebas ofrecidas por la acusada.
Claramente hay una persecución política contra Sandra Cuevas, orquestada desde la Jefatura de gobierno y respaldada por la fiscalía local con la intención de arrebatar en los tribunales lo que Morena no logró ganar en las urnas.
Los derechos humanos, políticos y ciudadanos de Rogelio Franco y Sandra Cuevas están siendo violentados y las fiscalías, en lugar de procurar justicia, están siendo utilizadas para hostigar y perseguir a la oposición.
Lo peor es que esta violencia política está siendo auspiciada, solapada e incitada por el presidente de la República. López Obrador debe entender que el ambiente de polarización que ha creado y que alimenta día a día está sobrepasando los límites de la política y del espacio público, que ser opositor a su proyecto de gobierno no es un delito y que a nivel subnacional sus súbditos están ejerciendo violencia política con la intención de congratularse con él. Es urgente detener este contexto de violencia y persecución política. Por eso, la Dirigencia Nacional del PRD ha exigido al presidente de la República, al gobernador de Veracruz y a la regente de la CDMX liberar inmediatamente a nuestro compañero Rogelio Franco y dejar de hostigar y perseguir a nuestra compañera Sandra Cuevas, a quien deben retirársele las absurdas e inconstitucionales medidas judiciales precautorias.
Artículo publicado el 17 de marzo de 2022 en El Diario del Yaqui
