Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
El fin de semana pasado López Obrador invitó a dos gobernadores de la oposición a incorporarse a su gobierno: Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa por el PRI, quien supuestamente será propuesto como embajador de México en España, y Antonio Echeverría García, gobernador de Nayarit por el PAN y el PRD, quien pronto irá a Palacio Nacional por su plato de lentejas.
La intención de López Obrador es golpear al bloque opositor, tratando de desmoralizar a la ciudadanía que votó por la Alianza Va por México y a los militantes de los partidos políticos que integran la coalición.
Por eso es importante recordar que las gubernaturas de ambos estados fueron mañosamente ganadas por Morena en las elecciones del pasado 6 de junio. En realidad, López Obrador está premiando “el buen comportamiento” de quienes le ayudaron a ganar, así haya sido de la mano del crimen organizado, como realmente sucedió.
El caso de Sinaloa es emblemático. Esta entidad, junto con Michoacán, fue el estado en donde el crimen organizado cometió más atrocidades operando a favor de Morena en el pasado proceso electoral. Al respecto, el semanario Ríodoce, publicó un reportaje de Ismael Bojórquez, titulado “El juego de los narcos por el poder total en Sinaloa” en donde narra la forma en que el Cartel Sinaloa, la noche antes a la elección, “levantó”, amedrentó y violentó a más de un centenar de personas (en realidad fueron centenares) que participarían en la elección como funcionarios de casillas y representantes de los partidos políticos.
A pesar de las denuncias públicas sobre los hechos de violencia, ni el gobierno federal ni el local intervinieron, se hicieron de la “vista gorda” y dejaron actuar al crimen organizado. Incluso, en esos días Quirino Ordaz se ausentó de Sinaloa, curiosamente se fue a España a una promoción turística del estado, después de que López Obrador se reunió con él en el marco de una gira por Estados con elecciones.
De la colusión entre el crimen organizado con el Gobierno Federal sobran los ejemplos en Sinaloa: Esta es la entidad en la que se dio el llamado “culiacanazo” en donde por órdenes directas de López Obrador se liberó a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán; y, es aquí en donde el presidente de la República se dio tiempo, en uno de sus tres viajes a Badiraguato, de saludar a la mamá del capo.
Nayarit no es la excepción, en días previos a la jornada electoral también hubo un conjunto de actos de violencia e intimidación a candidatas y candidatos de la Coalición “Va por Nayarit”, y al igual que en Sinaloa nadie del gobierno local quiso actuar. De ahí surgieron señalamientos de que tanto el secretario general de Gobierno como el fiscal general del estado estaban actuando en favor de Morena.
Así pues, la invitación que hace el Ejecutivo Federal a estos gobernadores es un pago de favores que vienen a confirmar las versiones que había sobre la existencia de un acuerdo previo a la elección. Los mandatorios locales saben que “al portarse bien con el presidente” han afianzado un pacto de impunidad y que en realidad han ganado perdiendo la sucesión. Pero nada más falso que ganar consintiendo la intromisión del crimen organizado. Nadie gana, menos México, pactando con el narco.
La intervención, consentida o pactada por el Gobierno Federal, del crimen organizado en el pasado proceso electoral se ha constituido en el principal peligro para la democracia en México. Por eso los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD presentamos pruebas y acusaciones ante la OEA, y por eso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe anular la elección en esa entidad.
La Alianza Va por México es un compromiso con la ciudadanía. Ni las traiciones de estos gobernadores, ni el narco, ni López Obrador van a doblar esa voluntad.
Artículo publicado en El Diario del Yaqui del 15 de septiembre de 2021
