Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
El sábado pasado me informaron que mi número de celular se encontraba en la lista de teléfonos móviles hackeados por el malware Pegasus durante el año 2017. El periodista que me contactó quería saber mi opinión al respecto, le respondí que para mí no era una sorpresa.
El espionaje de Estado es una vieja práctica ilegal que violenta los Derechos Humanos. Periodistas, empresarios, intelectuales, activistas y políticos de oposición siempre hemos estado expuestos a eso.
Coincido con el presidente López Obrador cuando dice que este tipo de prácticas son propias de gobiernos autoritarios y antidemocráticos. Pero difiero rotundamente en que son prácticas que han sido desterradas de su gobierno. No me causa sorpresa que la investigación actual confirme que mi número está en la lista de los espiados, lo que me preocupa es que, a pesar de lo que ya se ha revelado, la administración actual insista en mantener esa práctica ilegal.
El espionaje gubernamental en México es una realidad y las últimas investigaciones periodísticas así lo revelan:
– El pasado 14 de abril en el diario español El País, la periodista Zorayda Gallegos reveló que en los primeros dos años del gobierno de López Obrador la FGR compró, bajo partida secreta, programas de espionaje a la misma compañía que proveyó de ese servicio al gobierno de E. Peña Nieto. Hasta ahora, ni el gobierno ni la FGR han desmentido dicha información, por lo que podemos deducir que es cierta, que la licencia de Pegasus se renovó.
– El pasado 22 de junio en El Universal, el columnista Javier Tejado reveló que el gobierno de López Obrador espía a periodistas, en específico denunció al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, de espiar a “los columnistas que han escrito contra el Panaut.” Hasta ahora la dependencia no lo ha desmentido y en respuesta a una solicitud de información ciudadana, la SSPC se declaró “incompetente” para informar sobre las carpetas de espionaje.
– Al día siguiente, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó una columna titulada “Espían a periodistas” en la que sostiene que la Central Nacional de Inteligencia (antes CISEN) “tiene abiertas investigaciones, solicitadas en Palacio Nacional, en contra de varios columnistas políticos que han publicado textos que les han incomodado.” En respuesta, el presidente López Obrador, sin dar pruebas que desmientan los dichos, negó rotundamente la práctica, declaró que no era necesario espiar a los periodistas porque son predecibles y en cambio anunció el inicio de una nueva sección en sus “mañaneras” titulada “quién es quién de las mentiras de la semana” en la que se dedica a difamar y denostar a los periodistas.
El presidente también ha insistido en que el CISEN ya no existe y que con ello se eliminó de tajo la práctica del espionaje. Al CISEN únicamente se le cambió de nombre, el aparato de inteligencia que el Estado ha usado durante décadas para espiar continúa existiendo sin los controles y regulaciones adecuadas, listo para activarse para cuando el gobierno en turno lo requiera.
No podemos solapar la práctica ilegal del espionaje, ni podemos aceptarla como inevitable. Deben diseñarse mecanismos de control para las agencias de inteligencia del nuevo CISEN, de la FGR y de las fiscalías locales. Como también debemos denunciar, investigar y castigar a los que resulten responsables del espionaje durante la administración de EPN. El presidente de la llamada 4T ya anticipó que a pesar de haber sido víctima de Pegasus, no denunciará el espionaje. La pregunta obligada es ¿Por qué el mandatario actual tiene tantas consideraciones con el expresidente? La respuesta es sencilla: hay un pacto de impunidad entre EPN y López Obrador. Al final, todas esas prácticas ilegales a quien beneficiaron fue al candidato que ganó la elección presidencial 2018.
Artículo publicado el 22 de julio de 2021 en El Diario del Yaqui
