Presidente del PRD Nacional
Por Jesús Zambrano Grijalva
Apenas están arrancando las campañas y este proceso electoral es ya uno de los más violentos en la historia de nuestro país. Según datos del Indicador de Violencia Política de Etellekt Consultores, del 7 septiembre de 2020, cuando comenzó el periodo electoral, al 20 de marzo de este año, se han contabilizado un total de 139 homicidios dolosos atribuibles a la violencia política. Entre los asesinados, 78 eran servidores públicos sin militancia y 61 eran actores políticos, de éstos, 18 aspiraban a un puesto de elección popular y de ellos, 16 iban por puestos municipales.
Este panorama obligó al gobierno federal a presentar el pasado 4 de marzo la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral” con la que dice buscar prevenir la violencia política durante el presente proceso electoral. El reconocimiento del problema por parte del gobierno federal llega muy tarde. Desde el PRD hemos venido advirtiendo que la pandemia y la creciente ola de violencia generalizada en todo el país generaba un escenario de alto riesgo para la realización de las elecciones. Sin embargo, el gobierno no solo no lo previó, sino que hizo muy poco por reducir ese riesgo. Por ejemplo, Morena recortó para este año un tercio de los recursos para la seguridad pública local, por lo que no es casual que los actores políticos municipales estén siendo los más vulnerables.
Otro aspecto es que, a un mes de haberse implementado la estrategia del gobierno, podemos concluir que ha sido un rotundo fracaso. Lamentablemente, en los últimos días las cifras de violencia política se han incrementado: el 20 de marzo nuestra candidata municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, Ivonne Gallegos Carreño, fue asesinada mientras circulaba en una carretera federal; apenas este lunes, nuestro candidato municipal de Apaseo El Grande, Guanajuato, fue asesinado mientras circulaba en una moto junto a nuestro compañero Juan Ignacio de la Cruz Ávila que actualmente se encuentra hospitalizado. Tampoco debemos olvidar el cobarde asesinato de nuestra alcaldesa perredista de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfin en noviembre de 2020.
Lo más lamentable es que esta violencia política no se reduce a la acción de bandas criminales. Existe un tipo de violencia política institucionalizada que se expresa con la persecución desatada contra opositores mediante el uso arbitrario de las instituciones. Es el caso de nuestro compañero Rogelio Franco, quien fue detenido y encarcelado de forma ilegal y burda por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con la intención de hostigarlo y sacarlo de la contienda electoral.
Este tipo de violencia política estimula a la criminalidad. Hoy estamos en un contexto de polarización política, donde tenemos a un régimen intolerante con sus opositores. Por lo tanto, en el PRD exigimos al Gobierno de la República que predique con el ejemplo, que haga a un lado la violencia política impulsada por los propios titulares de la administración federal y que brinde la seguridad suficiente para que el proceso político-electoral no se descarrile. Estamos ante una democracia acosada, prácticamente bajo fuego en las últimas semanas. Por el bien de México no permitamos que esto continúe.
Artículo publicado en el Diario del Yaqui del 1 de abril de 2021
