Por Antonio Medina Trejo
Cuando un hombre viola a una mujer, niño, niña, adolescente, o, de hecho, a una monja o a una anciana; sea político, empresario, obrero, militar, estudiante o sacerdote, el poder machista los encubre en las familias, en ámbitos laborales, escolares, políticos, deportivos, eclesiásticos, y, desde luego, donde se debe ejecutar la justicia, la cual es inhibida por el pacto machista invisible que está inserto en todas las estructuras de la sociedad.
El común denominador de la violencia sexual es el control y poder que tienen los violadores sobre las víctimas y el pacto de silencio y protección (pacto machista) que se da entre otros hombres (o mujeres con poder, también es justo decirlo) para que las víctimas callen y no denuncien.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “entre enero y mayo del 2020 se tiene un registro de 22,072 carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la seguridad y la libertad sexual de las personas; en esa misma categoría, en el año 2019 la cifra fue de 20,687”.
Lo anterior, se explica en el estudio, “significa un incremento absoluto de 1,385 carpetas de investigación y un incremento relativo del 6.7% entre ambos años”. Es decir, se considera que el 2019 fue un año récord en este indicador en la historia reciente del país, con lo que el 2020 resulta ser el año en el que se han cometido más actos de violencia sexual en México..
Pacto machista: pacto de impunidad
El caso del político guerrerense Félix Salgado Macedonio, que está acusado de violación por cinco de sus víctimas desde hace varios años, cuyos procesos han sido detenidos en las instancias judiciales, evidencia la falta de implementación de protocolos judiciales para la defensa de víctimas de violencia sexual que permitan la aplicación de las leyes en la materia.
El poder político del senador con licencia lo ha protegido en años recientes, y cuando no era legislador, su poder radicaba en ser un hombre con las relaciones políticas y empresariales para inhibir cualquier demanda y callar o intimidar a las denunciantes.
En tanto, el comunicador y alto ejecutivo de TV Azteca, Andrés Roemer, que ha sido acusado de seducir a sus subordinadas y cometer violaciones en contra de algunas de ellas, es otro caso de violencia machista que ha visibilizado la hipocresía del entorno empresarial del también filántropo. El estatus del ejecutivo, su fama pública y sus relaciones con el poder político y empresarial, lo han protegido por más de tres décadas.
Un ámbito donde la violencia sexual ha sido denunciada ampliamente, es el eclesiástico, donde el abuso sexual contra niños, jóvenes y monjas, es un secreto a voces. Muchas son las historias relatadas desde que se supo que el padre Marcial Maciel, líder de la poderosa orden Los Legionarios de Cristo, era un depredador sexual desde mediados del siglo pasado, y quien murió en el un plácido retiro eclesiástico sin ser llevado a la justicia civil.
Otro caso emblemático es el del padre Nicolás Aguilar en Puebla, que violó a decenas de niños por décadas en México y Estados Unidos, y que fue protegido por el ex cardenal Norberto Rivera Cabrera, quien a su vez ha sido protegido por los ex presidentes Fox, Calderón y Peña.
Actualmente el ex cardenal cuenta con la protección de su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le contienen las denuncias de las víctimas de violencia sexual encubiertas por Rivera Carrera para ser canalizadas a instancias eclesiásticas donde persuaden a las víctimas y liberan al político religioso de más acusaciones de encubrimiento.
Es decir, el pacto machista está en todas partes. Actúa en las instituciones, pero también en las familias donde se protege a padres, hermanos, tíos o amigos de la familia que cometen violencia sexual contra menores o jóvenes, sin importar la salud emocional de las víctimas y librando a los violadores de la acción de la justicia, la cual, de llegar a acudir a ella, muchas veces jueces, ministerios públicos o personal de policía, revictimizan a quienes han sufrido violencia sexual, ya sea por dinero o por preservar el poder machista de hombres poderosos y proveedores.
La defensa del presidente López Obrador de su candidato en Guerrero, así como no actuar en contra de un encubridor de pederastas, como lo es Norberto Rivera, sintetizan en los hechos el significado del “pacto machista”, ese que actúa de facto, sin que haya una acción consciente, pero que en los hechos y las acciones, beneficia a los hombres perpetradores con poder.
Cuando las mujeres chilenas consignan que “el Estado es un macho violador”, tienen mucha razón: el Estado y sus estructuras de poder machista ejercen su poder en un sistema de complicidades invisibles que vulneran a las víctimas por considerarlas inferiores y porque a pesar de avances en leyes y políticas públicas, el sistema patriarcal no ve la violencia sexual como un tema de importancia y lo minimiza, tal como lo hace el presidente de México con desdén en sus mañaneras.
@antoniomedina41
