Por Martha Díaz Reyes
Impunidad y corrupción han sido nuestro pan de cada día en México desde hace bastante tiempo. Sin duda uno de los tantos casos que respaldan esta afirmación es el de Ayotzinapa y los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que se encuentran desaparecidos. A seis años de la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, aún hay pocas respuestas y a veces pareciera que es un asunto más debido a la concurrencia de eventos como estos.
Casos de desaparición forzada, como el de Ayotzinapa, generan consecuencias, no sólo directas a las víctimas, sino a las familias y amistades de estas de igual manera. Es un hecho que es imposible recuperarse de una pérdida así. Familias mutiladas, amenazas, inseguridad, indignación… son algunos de los efectos colaterales. Incluso una cantidad considerable de recursos económicos es invertida por las familias con tal de encontrar, aunque sea, la mínima señal de vida que les dé un poco de esperanza para continuar su búsqueda.
México se asemeja al país de nunca jamás, pues pareciera que no se deslindan responsabilidades o que las reglas se pasan por alto. Para enero de 2020, de 169 sólo quedan 87 personas detenidas. De esas 87, únicamente 40 están bajo proceso vinculado directamente con la desaparición. [1] El cabildo actual se ha comprometido con resolver el caso pero, ¿a qué sabrá la justicia?, ¿la reconoceremos teniéndola cerca?
[1] Según datos de https://www.elimparcial.com/mexico/De-169-solo-quedan-87-detenidos-por-caso-Ayotzinapa-20200126-0008.html
