El Estado mexicano tendrá que responder en unas semanas al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre el cumplimiento de las observaciones temporales que hizo en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, especialmente sobre la Interrupción Legal del Embarazo, la muerte materna, las esterilizaciones forzadas, los embarazos en niñas y adolescentes y la anticoncepción.
A esta fecha, según informes consolidados de la Secretaría de Salud, repuntó la muerte materna asociada al coronavirus; antes había caído tres por ciento luego de 15 años de ir a la baja y asociada a la pandemia tuvo un repunte de 308 por ciento solo en julio último.
El embarazo en adolescentes creció por la parálisis de la estrategia delineada en 2014 y la negativa a cumplir con la Norma 046; la interrupción del embarazo sigue siendo insegura y por su clandestinidad mueren al año al menos 500 mujeres; los servicios de anticoncepción están limitados y la falta de previsión, durante la pandemia del covid-19 produjo la muerte de 300 médicas y enfermeras, según el último reporte oficial de la Secretaría de Salud.
Se desdeñaron los servicios de las parteras tradicionales para atender la emergencia y la estrategia prioritaria no funcionó. No hubo una alterna para atender partos y puerperio durante la pandemia, en escuelas u hoteles. La partería sigue considerada como adicional.
No existen datos oficiales, pero sí denuncias recientes de esterilización forzada. En mayo de 2020 las mujeres de Altamirano, Chiapas, Tzeltales, denunciaron a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS9, por esta práctica, que hace 40 años, durante el régimen de José López Portillo, afectó al menos a dos millones de mujeres, especialmente en zonas pobres y rurales. No ha desaparecido.
Además, México no legisló para toda la república, como era el mandato, sobre la violencia obstétrica, una forma de violencia institucional. En el Congreso hay un dictamen detenido por el Senado hace un año y están pendientes al menos dos iniciativas globales.
Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hasta 2019, antes del cambio de autoridades, hizo una recomendación general y 50 particulares a hospitales oficiales y privados, ante las quejas, el abuso de la operación cesárea que pone en alto riesgo la vida de las mujeres y que en altos porcentajes no es necesaria.
Los datos oficiales son contundentes para documentar el incumplimiento de las observaciones del Comité de la CEDAW. Erika Troncoso Saavedra, funcionaria del gobierno, jefa de violencia en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), dijo el pasado 11 de septiembre que solo se garantizarán los servicios de salud sexual y reproductiva si se aumenta el presupuesto para 2021 en 50 por ciento y se coordina la política de género.
Advirtió que hay graves rezagos, sobre todo en atención a jóvenes y a mujeres campesinas e indígenas. En los últimos dos años disminuyó el presupuesto para la salud sexual y reproductiva en 24 por ciento y se eliminaron 19 programas para la igualdad en el sector salud, incluyendo los de cáncer, que según organizaciones no gubernamentales pusieron en riesgo a 10 millones de mujeres con cáncer de mama, la primera causa de muerte de jóvenes y adultas productivas.
Las recomendaciones de la CEDAW respecto de la salud de las mujeres se centraron en tres cuestiones de urgente atención: el acceso a servicios de aborto seguros, disminución de las tasas de mortalidad materna, la aplicación en toda la República de la Norma 046, que obliga a médicos, hospitales y personal de salud a realizar un aborto a una niña o adolescente que haya sido violada.
Recientemente, la directora del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez Ramírez, reconoció que para 2021 se habrán producido 145.719 embarazos adicionales a los que habrían ocurrido si no hubiera sucedido la pandemia de covid-19, solo entre mujeres menores habrá 21.000 embarazos más, como resultado del confinamiento y la imposibilidad de asistir a los servicios de salud sexual y reproductiva que las autoridades definieron como una prioridad. No hubo publicidad de ello.
La resistencia para aplicar la Norma 046 puede tener graves consecuencias, dijo la funcionaria de la Secretaría de Salud Erika Troncoso Saavedra, porque, explicó, cada año se perpetran 500.000 violaciones sexuales y 600.000 abusos, ambas acciones, asociadas al embarazo de niñas y adolescentes.
El incumplimiento a las recomendaciones del Estado, 22 meses del inicio de la nueva administración, nada avanzo a pesar de que en 5 años, el país, tiene el ominoso primer lugar en embarazo en adolescentes entre todos los países de la OCDE; 1.000 niñas madres se suman a la estadística cada año. Siguen ocurriendo los matrimonios entre menores, con cada vez más restricciones.
También de menores con hombres mayores. El 11 de septiembre, la funcionaria pidió a las diputadas que consigan un buen presupuesto al menos 50 por ciento mayor al etiquetado en 2020.
Violencia obstétrica
Los argumentos para legislar en todo el país, que plasma la diputada Martha Tagle, en una iniciativa hasta ahora pendiente, señalan es urgente dar cumplimiento a la Observación 42 inciso d) del Comité con motivo de la presentación del IX Informe de México ante CEDAW que conmina al Estado Mexicano a que:
“Armonice las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantice el acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de la violencia obstétrica” y sufren daños a su salud.
Esta recomendación de la CEDAW se refuerza con la Nota del Secretario General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 11 de julio del 2019 que señala en su numeral 39 que: “En el contexto de los servicios de salud materna y reproductiva, las condiciones y limitaciones del sistema de salud son causas subyacentes del maltrato y la violencia contra la mujer durante la atención del parto”.
Informa la diputada que a septiembre de 2019, 28 Entidades Federativas de la República Mexicana, ya la habían incorporado cuatro a su legislación la materia de violencia obstétrica.
Destaca el número de recomendaciones que la CNDH hizo hasta 2019, todas sin respuesta.
El balance sobre la salud de las mujeres demuestra que a 21 meses de administración el déficit creció y la atención se descalabró en todos los rubros; los recortes presupuestarios afectaron 19 acciones y programas y la falta de camas y hospitales, donde mueren mujeres productivas. Creció la muerte materna.
También el Comité pide resarcir a las mujeres más pobres, indígenas y campesinas. Las mujeres pobres reciben “ayudas” económicas directas, para, explica el gobierno, que “las familias se ayuden”, pero prácticamente se abandonó la política de igualdad. Encima se cerraron las casas de emergencia obstétrica; desaparecieron dos programas esenciales para disminuir la muerte por cánceres femeninos, no se repartieron las vacunas para el papiloma humano y se redujo la entrega de anticonceptivos; se descuidó la atención a la arterioesclerosis múltiple.
Todos los esfuerzos encabezados por las diputadas morenistas, como Lorena Villavicencio, para evitar estos desvíos presupuestales y los programas asociados a organizaciones civiles, fueron inútiles. Se redujo el dinero destinado a cánceres femeninos, no obstante ser el de mama la primera causa de muerte en mujeres productivas, lo que afectó a 10 millones de mujeres en prevención y tratamientos, según la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam).
Inútiles los llamados de David Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor para una Maternidad Segura (CPMS). En tanto, el análisis del presupuesto de la organización FUNDAR, detalló el 30 de noviembre pasado que el recorte presupuestal fue del 24 por ciento a los programas de salud de las mujeres, lo cual afectó acciones y programas principalmente los dedicados a tratamientos de diversos tipos de cáncer, no solo en tratamiento, sino en apoyo psicológico.
Las recomendaciones: ¿qué se va a informar?
Embarazo en Adolescentes y aborto, el comité manifestó en noviembre de 2018 su preocupación por: Las disposiciones de las leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y su vida.
Atender la falta de coherencia entre los códigos penales de los estados, que obstaculiza la aplicación efectiva del artículo 35 de la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que legaliza el aborto en caso de violación.
Las modificaciones de la Ley General de Salud hechas en 2018, que incorporaron la objeción de conciencia del personal médico, pueden plantear barreras al acceso de las mujeres al aborto sin riesgo y a los anticonceptivos de emergencia, especialmente en las zonas rurales y remotas; atender las denuncias de actos de violencia obstétrica por parte del personal médico durante el parto; disminuir las tasas desproporcionadamente altas de mortalidad materna entre las mujeres de comunidades indígenas; atender y resolver las denuncias de esterilización forzada de mujeres y niñas, y el acceso limitado a los servicios de salud reproductiva, en particular para las mujeres y las niñas con discapacidad mental y de otra índole.
Señala que, en consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, recomienda al Estado que ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto.
También, que armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, e informe y capacite adecuadamente al personal médico para que pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual, lo que comprende la prestación de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto.
Otras de las recomendaciones al Estado es que elabore los protocolos necesarios para poner en práctica las modificaciones de la Ley General de Salud, que permiten la objeción de conciencia mientras no ponga en peligro la vida de la madre y no impida que las mujeres y las niñas accedan al aborto legal, y vele por que, en esos casos, las mujeres y las niñas sean derivadas a un profesional adecuado.
Hace especial énfasis en que se armonicen las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantice el acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de la violencia obstétrica.
Igualmente, que reduzca la incidencia de la mortalidad materna, en particular mediante la colaboración con las parteras tradicionales y la capacitación de los profesionales sanitarios, especialmente en las zonas rurales, velando por que todos los partos cuenten con la asistencia de personal sanitario especializado, de conformidad con las metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También debía vigilar que el personal médico solicite el consentimiento plenamente informado antes de realizar esterilizaciones, que se sancione a los profesionales que realicen esterilizaciones sin consentimiento y que se ofrezcan reparaciones e indemnizaciones monetarias a las mujeres víctimas de esterilizaciones no consentidas. Algunas organizaciones sociales tienen testimonios.
El más reciente es del periodista Claudio Rosseti Canti, de la agencia Prenssenza https://www.pressenza.com/es/2020/05/esterilizacion-forzada-el-horror-continua-en-altamirano-en-chiapas/
“A pocas horas de camino de Altamirano vive una joven familia en una comunidad de tzeltales:
“Desde que mi hija salió del hospital con su bebé recién nacido hace un año, no ha podido tener hijos. Lloró durante mucho tiempo. Descubrimos que los médicos del hospital del pueblo la habían operado (cierre del conducto) sin avisarle. A menudo las parteras de la comunidad, formadas por el gobierno, intentan convencer a las jóvenes madres de que se operen en el hospital después de la cesárea. Los médicos aprovechan la oportunidad para operar a nuestras hijas”, dice el padre de la víctima”.
Semiac
