“La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada” es un análisis de las causas que explican el rezago de las regiones para distribuir equitativamente el bienestar, los ingresos y las oportunidades. El estudio publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no sólo explora los orígenes de la desigualdad, sino que propone una serie de políticas públicas con el fin de reducir las brechas, superar la crisis de la pandemia y construir un futuro más inclusivo. NotiPressconsultó la pubicación para ampliar la información.
De acuerdo con el informe, América Latina ha tenido dificultades para enfrentar distintas crisis que se han presentado. En momentos donde se presenció una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 5 por ciento o más, el impacto real en los salarios fue entre el 10 y 20 por ciento. La investigación asegura que la cantidad de personas sin trabajo va en aumento, mientras los empleos formales disminuyen. En consecuencia, los niveles de pobreza aumentan entre 3 y 5 puntos cada año.
Las medidas de confinamiento implementadas por los gobiernos afectaron desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos. “Casi un 65 por ciento de las personas en el quintil de menores ingresos conocía a un familiar que había su perdido su trabajo, mientras que, en el quintil de personas de más altos ingresos, esa cifra fue de solo el 22 por ciento”, se lee en el informe.
El mayor desafío de la región, según el informe, es “asegurar que la recuperación beneficie a todos los ciudadanos para tener sociedades más inclusivas y resistentes a los coques económicos y climáticos”, entre otros. América Latina y el Caribe están especialmente segregadas por status socioeconómicos. En países como Brasil, el vecindario de residencia puede ser determinante a la hora de explicar las diferencias de ingresos, incluso más que las ciudades o los estados.
Otros factores influyentes en los niveles de inequidad son el género y el color de piel, “las mujeres ganan 87 centavos por cada dólar que gana un hombre”. A pesar del trabajo realizado para favorecer la equidad de género, aún persisten normas culturales que excluyen a las mujeres de altos cargos aun cuando trabajan tres veces más en los hogares que sus parejas masculinas.
En promedio, las poblaciones afrodescendientes tienen sueldos 17 por ciento más bajos que el resto de la población, y “la brecha salarial para las personas de origen indígena es del 27 por ciento”, advierte el informe.
Dicha investigación es un llamado a los gobiernos y otros actores sociales de América Latina y el Caribea “generar un nuevo contrato social” y a rediseñar los servicios sociales en orden de hacerlos más inclusivos. “Para fortalecer el tejido social es necesaria una mayor protección para los pobres y las clases medias-bajas, mientras se mejoran los servicios públicos para atraer a individuos de los hogares de mayores ingresos al espacio de servicios públicos compartidos”, sugirió el informe.
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