Por Raymundo Moreno
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los Derechos Humanos son “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona”. Es decir, son aquellos derechos inherentes a nuestra naturaleza humana, sin distingo de elementos individuales como el origen étnico o nacional, el lugar de residencia, el género, la orientación sexual, el color de la piel, la condición física, la religión, la lengua o cualquier otra condición. En suma, todas las personas tenemos los mismos derechos, mismos que están reconocidos por el derecho internacional consuetudinario y a través de un complejo andamiaje de Tratados tanto en el ámbito de Naciones Unidas, como en el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el caso de México los Derechos Humanos están garantizados tanto por la Constitución Política de la República, como por las Leyes nacionales.
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó un hito en la historia. Elaborada y ratificada por representantes de todas las regiones del mundo, con contextos jurídicos y culturales distintos, se proclamó por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el París de plena post guerra. Se trató de un ideario común que, por primera vez, enlistó aquellos derechos fundamentales a los que toda persona en el mundo debe tener acceso y pleno disfrute.
En su preámbulo, la Declaración establece, no sin un halo de idealismo y romanticismo, que “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” para continuar reconociendo que el “desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad…”.
Los Derechos Humanos son universales, están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Su respeto irrestricto es obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus facultades y competencias, no obstante, en la práctica, la discriminación sigue siendo una realidad que lacera la cotidianidad de millones de personas en el mundo y también en nuestro país.
En el universo de personas especialmente susceptibles a ser vulneradas en su dignidad y amenazadas en su seguridad por el simple hecho de ser quienes son, destacan algunos grupos: personas con discapacidad, migrantes, niñas y niños en situación de calle, pueblos originarios, personas en los deciles de menor ingreso, personas adultas mayores, mujeres y personas LGBTTTI+.
Por lo que toca a las personas de la diversidad sexual, a pesar de los avances en el ámbito del derecho internacional, todavía 70 países del mundo siguen criminalizando las prácticas homosexuales. 6 de ellos con la pena de muerte.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017), hasta 8 de cada 10 personas de la diversidad sexual han sufrido alguna clase de discriminación durante la vida, lo anterior debido a estigmas y prejuicios íntimamente relacionados con prácticas machistas y patriarcales que también afectan a las mujeres.
Muchas personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual o bien quienes tienen una identidad de género transexual o transgénero, o una expresión de género que rompe con la rigidez del binarismo sexual, experimentan rechazo desde su núcleo familiar. Lo mismo sucede con las personas intersexuales.
En el ámbito educativo, las y los integrantes de las comunidades escolares suelen repetir patrones de rechazo a las personas LGBTTTI+ por medio del acoso. En el campo laboral, en los servicios de salud y en los espacios de procuración e impartición de justicia, la reproducción de dichos patrones persiste y en los hechos dificultan el acceso y disfrute de los Derechos Humanos de millones de mexicanas y mexicanos, al grado de que en pleno 2020 las personas trans tienen una esperanza de vida de apenas 40 años.
En lo relativo a los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, es menester puntualizar que los mismos abarcan todos los aspectos de la vida: salud, participación política, educación, desarrollo económico, acceso a una vida libre de violencia y de discriminación, entre otros. No podremos alcanzar el ideario de justicia, paz y desarrollo sustentable, en tanto existan mujeres que son vulneradas en sus derechos fundamentales.
A 20 años de la Declaración de Beijing, misma que establece como una de las primeras responsabilidades de los gobiernos el garantizar la protección y promoción de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, es indispensable hacer un corte de caja. A pesar de importantes avances en términos jurídicos y del andamiaje normativo internacional, millones de mujeres en el mundo y en México siguen siendo víctimas de violencia de género y discriminación.
En México exige especial atención la crisis de feminicidios, mismos que son la más grave y extrema expresión de violencia contra las mujeres. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2019 se registraron 1,006 víctimas de feminicidio, no obstante, según datos del Observatorio Nacional del Feminicidio (OCNF) en ese mismo año se habrían cometido casi 3,000 homicidios de mujeres, por el simple hecho de serlo. Según información pública del mismo SESNSP, abril de 2020 registró una cifra récord en lo que a asesinatos de mujeres refiere: se contabilizaron 267 en solo 30 días. En los primeros 4 meses de 2020 un total de 987 mujeres perdieron la vida de forma violenta.
La protección de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, y el objetivo de alcanzar una genuina igualdad sustantiva siguen siendo promesas incumplidas. A pesar de los innegables logros, todavía es necesario que todas las mujeres en todos los espacios, sin excepción, tengan acceso a una vida digna, igualitaria y segura.
