Por Raymundo Moreno Romero
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se creó en 2003 como consecuencia de las legítimas demandas de la sociedad civil organizada, de los compromisos suscritos por México en el ámbito internacional, y de la lucha incansable de un hombre extraordinario, su primer Presidente, Don Gilberto Rincón Gallardo.
Desde su nacimiento, el Conapred se enfrentó a las resistencias sistémicas de una sociedad profundamente machista, clasista, patriarcal, homófoba y racista. Se cuestionó su importancia en la vida pública, se puso en tela de juicio su actuar en favor de los derechos humanos y se le acusó de duplicidad de funciones. Todo en un afán de los grupos conservadores por invisibilizar una realidad que cotidianamente se minimiza, pero que lastima a millones y cuesta miles de vidas al año: la discriminación.
En México, según la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) de 2017, hasta una de cada dos personas se ha visto lastimada en su dignidad durante su vida. Si esto lo transpolamos a las poblaciones especialmente vulneradas, resulta que hasta 8 de cada 10 personas LGBTTTIQ son víctimas de discriminación; que solo el 16% de las personas con tonos de piel oscuros acceden a la educación superior; y que las personas Trans tienen una esperanza de vida de apenas 40 años, etc.
Desde su creación el Conapred ha incidido positivamente en la formulación de políticas públicas y la homologación de normatividades en favor de todas las personas. Las recientes reformas que protegen a los y las trabajadoras del hogar o que reconocen las aportaciones de las poblaciones afrodescendentes, dan cuenta de ello.
Los dichos del Presidente de la República y la posterior renuncia, aparentemente forzada, de su ex-titular Mónica Maccise, quien por cierto llevaba apenas 5 meses en un encargo de 4 años según la legislación vigente, pusieron al Consejo en el centro del debate. Más allá de lo anecdótico que pudiera parecer el hecho de que el Presidente no conociera de su existencia, resulta indispensable reivindicar la importancia de un organismo como el Conapred en un País con enormes rezagos estructurales y deudas históricas. También es urgente que se designe a quien vaya a estar al frente del organismo y que dicha persona tenga cercanía con la sociedad civil organizada y una visión interseccional.
Reflexionemos sobre los organismos del Estado Mexicano, pero hagámoslo con responsabilidad. El Conapred no solo debe seguir existiendo, además debe robustecerse, tener la capacidad de atender quejas en las 32 entidades del País y gozar de un andamiaje normativo y presupuestario que le permita atajar con contundencia la discriminación. Cuidemos de aquellas instituciones que atienden lo más preciado para una sociedad: la dignidad, la igualdad jurídica y la seguridad de las y los mexicanos.
