Por Antonio Medina
Hay una cruzada ultraconservadora que recorre distintos congresos del país proponiendo el Pin Parental, una iniciativa para que leyes estatales de educación otorguen la decisión a los padres de familia para que sean ellos quienes autoricen /o no los contenidos de la educación de sus hijos e hijas, con base en sus preceptos morales y religiosos, por encima de la educación laica y científica que está obligado el Estado mexicano a impartir desde los primeros años de vida escolar de niños y niñas.
Importada de España, y construida en los aposentos del partido ultraconservador Vox, el Pin Parental es la llave de entrada a la educación confesional y limita lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la separación entre la iglesia (o iglesias) y el Estado mexicano, pues esa propuesta tiene como génesis la visión judeocristiana de la sexualidad, que es binaria, heterosexual y machista.
Esa lamentable importación de una política pública de educación, la han traído a México diputados y diputadas del Partido Encuentro Social (PES), vinculado a organizaciones religiosas que simpatizan con la Confraternidad de Iglesias Cristianas y Evangélicas (Confraternice), misma que ha sido privilegiada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su estrecha amistad con Arturo Farela, su dirigente espiritual, y a quien le ha regalado escaños legislativos para pastores cristianos y evangélicos por su apoyo electoral con votos de fe en 2018.
Es así que esos diputados, cual misioneros en una cruzada religiosa, han sido los encargados de cabildear cambios en leyes de educación en Nuevo León, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Querétaro, Baja California y Aguascalientes, siendo éste último estado donde ya lograron meterla con éxito al ser votada por todos los partidos representados en ese congreso.
Con el recurso que ahora tienen los legisladores del PES, no sólo económico, sino de infraestructura legislativa, no han descansado para influir en otras fuerzas políticas débiles, y negociar sus temas a cambio de votos de fe, aún en leyes o iniciativas de otras índoles.
Este escenario de empoderamiento de esos grupos antiderechos en México ha generado inconformidad del activismo feminista (no institucionalizado), de organizaciones LGBT+ (distantes de morena o al gobierno), y activistas independientes a favor de los derechos humanos, ya que los grupos religiosos han tenido la facilidad de cabildear directamente y de forma privilegiada en los congresos para obligar a legisladores de todos los signos partidistas, mientras que el activismo libertario, no ha logrado tal propósito o le ha sido más complicado incidir.
Para quienes promueven estos cambios legislativos plantean que son los padres o tutores quienes deben autorizar / o no, aquellos “contenidos educativos que puedan ser controversiales, moral y éticamente”. Aseguran que “con la hipersexualización que reciben los niños en las aulas, se están debilitando los valores morales de las nuevas generaciones”.
En tanto, quienes defienden el derechos de las infancias a la educación sexual desde los primeros años de vida escolar, plantean que niños y niñas deben tener la información de acuerdo a su edad sobre sexualidad, con base en propuestas pedagógicas lúdicas y apegadas al derecho de las infancias a vivir una vida libre de violencia.
Asimismo, agregan que esa educación es un derecho que le Estado debe garantizarles, pues México ha signado tratados internacionales que ya han sido materializados en leyes y políticas públicas. Esos avances, de hecho, es importante señalar, se suscitaron aún en gobiernos conservadores del PAN y el PRI, a propuesta, en la gran mayoría de los casos, de legisladoras o legisladores del PRD, que junto con el activismo liberal, impulsaron leyes y políticas públicas hoy vigentes en Ciudad de México como matrimonio igualitario y el derecho de las mujeres a decidir por sus propios cuerpos.
Esta cruzada ultraconservadora de los aliados electorales del presidente López Obrador ha puesto en alerta a gremios sexológicos, de educación, pedagogía, de estudios de género, feministas, de la diversidad sexual y de lucha contra el VIH/sida de todo el país, ya que de seguir avanzando esa nube oscurantista, destruirá los avances que se lograron hasta antes del 2018 en materia de derechos sexuales y reproductivos y de educación sexual, lo que provocaría en poco tiempo derogar políticas públicas que ya operan en instituciones de educación, salud, justicia y derechos humanos.
Un mensaje positivo respecto a este tema lo dio la Secretaría de Gobernación, que junto a otras instituciones como el Inmujeres, Conapo, Conapred, SIPINNA y la Secretaría de Salud, emitieron un comunicado muy bien argumentado sobre los motivos por los que no se puede aceptar esa propuesta del Pin Parental en México.
La mala noticia es que los receptores del mensaje dicen estar amparados por su presidente y que al ser parte de un poder del Estado mexicano, seguirán promoviendo su propuesta en favor del derecho de los padres a decidir sobre los contenidos educativos de sus hijos.
El escenario no pinta bien, pues el poder de los escaños del PES sumados a los del PAN y algunos diputados y diputadas de morena que concuerdan con la ideología religiosa del presidente y sus aliados electorales, se avizora que lograrán, si no meter las reformas a la ley de educación, sí avanzar con su estrategia de empoderamiento para continuar con sus planes de incidir en momentos coyunturales (como sucedió en Aguascalientes) para revertir avances democráticos, en este caso, los referentes a los derechos de las infancias mexicanas a tener una educación científica y apegada a derechos.
@antoniomedina41
