Ante la extensión del periodo que comprende el estado de emergencia en Venezuela, declarado de manera oficial el 2 de julio por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y la propagación de la pandemia de Covid-19 en su territorio, diversos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales que abogan por los derechos humanos han denunciado un aumento en los actos de represión y censura hacia periodistas por el régimen del presidente Nicolás Maduro.
El Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), organización sin fines de lucro y defensora de los derechos humanos, en colaboración con la editorial latinoamericana independiente Americas Quarterly, informó que el manejo oficial de las cifras sobre contagios y manejo general de la crisis sanitaria ha generado una serie de respuestas negativas por parte de periodistas y personal de salud en Venezuela, en tanto consideran que el gobierno no es transparente con el curso de la enfermedad, su epidemiología, ni sobre las medidas de mitigación implementadas.
Por este motivo, en respuesta a la ola de inconformidad, CEPAZ indicó que el régimen de Nicolas Maduro, con el uso de la fuerza por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), han aumentado las violaciones a los derechos humanos, a través de incidentes de represión dirigidos a quienes piden un manejo adecuado de la información respecto a la pandemia, principalmente periodistas y personal de salud.
Según el reporte de Americas Quarterly, entre el 16 de marzo y 9 de junio se han registrado 184 casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, de los cuales 92 corresponden a periodistas y otros profesionistas del área de comunicación; mientras que, el resto de los incidentes involucran líderes políticos, con 56 casos, personal médico, 25 casos, y defensores de los derechos humanos, 11 casos.
No obstante, entre la población afectada por esta crisis humanitaria, con olas de detenciones y abusos por parte de las autoridades, las mujeres sufrieron más casos de violencia y persecución respecto a otros meses, con 14 encarcelamientos, y 17 registros de abusos sexuales, según reportó CEPAZ.
Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenó enérgicamente los actos de violencia y criminalización de los periodistas venezolanos. Según la SIP, el gobierno de Nicolás Maduro apela al delito de instigación del odio, con objeto de censurar, multar y arrestar periodistas, así como clausurar medios y casas editoras que no coincidan con la ideología del régimen, al considerarlas fuerzas de la oposición.
Si bien los actos de represión contra periodistas no son un incidente reciente en la historia del gobierno de Nicolás Maduro, en la opinión de organismos como CEPAZ y SIP, las estrategias para censurar y arrestar cumplen con un papel geopolítico que busca salvaguardar los intereses del actual gobierno, responder a las políticas de Estados Unidos y controlar el flujo de la información, incluso sin la presencia de la crisis sanitaria por Covid-19.
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