Por Rogelia González Luis
#SinMujeresNoHayDemocracia
Las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales ponen a las mujeres y a las niñas en mayor riesgo de violencia. La actual crisis de COVID-19 no es una excepción.
La violencia contra las mujeres y niñas es la violación de los derechos humanos de las mujeres más extendida que las afecta en todo el mundo, tanto en espacios privados como públicos. Durante la pandemia por el COVID-19, las mujeres están sufriendo un impacto desproporcionado de la inestabilidad económica, la presión extrema en los sistemas de salud y la interrupción profunda en la vida diaria, así como la falta de acceso a la justica.
La violencia contra la mujer sigue manifestándose, sin embargo, el sistema judicial, suspendió la impartición de justicia, reduciendo su operación a los casos que consideran de urgencia. Esto ha agravado la situación para las mujeres mexicanas, ya que no se consideró la realidad desigual que vive en materia de violencia de género, ni las necesidades particulares que esta desigualdad genera. Dicha suspensión se traduce en que el sistema judicial dejó de brindar atención al público, no corren los plazos procesales, se limitaron las actividades de impartición de justicia y administrativas al mínimo, o bien, estas se realizan a distancia, en algunos casos. Lo que a simple vista no parece tan problemático, sin embargo, visto desde los ojos de una víctima de violencia de género, puede significar la perdida de sus hijas e hijos, hasta la pérdida de la vida.
Este acceso a la justicia se ve, impedido por la forma en que se publica la información. La mayoría de los poderes judiciales publicaron los acuerdos y/o comunicados en sus páginas de internet, mientras que otros sólo lo hicieron en redes sociales y de manera incompleta. Lo que no permite a todas las mujeres recibir efectivamente dicha información. Además, la información suele estar redactada de forma técnica y compleja, que no es asimilable para el grueso de la población. Y en otros casos se han otorgado amparos a los agresores para no enfrentar la justicia e incluso mantener a las hijas e hijos como rehenes para que las mujeres regresen.
Durante el confinamiento a nivel mundial han ocurrido 87,500 feminicidios, en nuestro país, aumentaron a 11 feminicidios por día, el 44% de las mujeres mexicanas han experimentado violencia por parte de su actual o última pareja.[1] El ingreso a refugios aumento en un 20%, las llamadas de emergencia se incrementaron en un cien por ciento.
Por lo anterior, hacemos un llamado a las instituciones de judiciales que implementen acciones de impartición de justicia de manera pronta, expedita e imparcial. Que se garanticen, y designen recursos presupuestales para los diversos programas de atención, sanción y erradicación de todas las violencias. Que se generen políticas públicas con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad para atender las graves crisis económicas que enfrentan las mujeres en las diversas regiones del país y más aun de las mujeres indígenas. Los derechos de las mujeres y niñas deben garantizarse en toda circunstancia y, con especial énfasis, en este tipo de situaciones.
Como defensora de Derechos humanos seguiré alzando la voz para exigir justicia ante los feminicidios, la gravé crisis de violencias que enfrentan las mujeres y de manera específica las mujeres en las comunidades indígenas.
[1] De acuerdo a la ENDIREH 2016
