Por Arturo Prida Romero
Presidente del IX Consejo Nacional
La semana pasada, durante una gira del presidente en el sureste del país, la cual, por cierto, nunca debió de suceder, debido a que el país entero sigue en semáforo rojo y existe un altísimo riesgo de propagación de la enfermedad, el mandatario mandó un mensaje, que dejó de ser un discurso político y busca convertirse en un dogma religioso.
De la misma manera que el Tribunal de la Fe, instauraba la santa inquisición en la nueva España en 1571, y con ella la obligación de someterse a una sola ideología divina; desde Veracruz por medio de un discurso se decretó que la única ideología política correcta, es la que enarbola el mandatario y a su vez, convirtió a todo aquel que no comparta al cien por ciento la visión, forma y acción del gobierno federal en un enemigo de México.
Este tipo de acciones son de suma trascendencia y marcan el declive y la nueva realidad que se gesta desde Palacio Nacional, la cual quiere un México sumiso y obediente, en donde el derecho a discernir y opinar, es un crimen. El cual, aún no se persigue más que con la opinión pública, pero si no se hace algo, muy pronto podría ser castigado por la ley. ¿Acaso olvidamos que pasa cuando un hombre se rodea de personas que enaltecen las ideas y el ego sin restricción ni razón? ¿Simplemente ya no recordamos que pasa cuando gobierna una persona que juega a ser todo poderosa?
La oposición no está en contra de los objetivos de este y de cualquier gobierno que enarbole principios progresistas. No estamos en contra de crecer 4% el PIB anualmente, ni estamos en contra de que la inseguridad y la corrupción se terminen en nuestro país, como propugna el mandatario, simplemente no estamos de acuerdo en los cómo, en las maneras en cómo pretende desarrollar la política mexicana para llegar a estos fines.
Es por ello, que exigimos al gobierno el respeto y aplicación de las normas interamericanas que obligan al Estado mexicano de conformidad con la convencionalidad de la ley, y las cuales mandatan expresamente al gobierno federal a gastar prioritariamente en la salud, a no mermar los derechos laborales, a dar apoyos a todos los sectores de la población y a cuidar la vida humana por sobre todas las cosas.
El mandatario acusa de conservadores, los esfuerzos porque se respete la ley. Acusa de traición a la patria, los intentos de detener la construcción de una refinería postergable, mientras la gente se encuentra tendida sobre el suelo por falta de recursos en los hospitales; acusa de conservadora, a los críticos del daño ecológico de un tren que atravesará la selva y; de egoístas a los defensores de los derechos humanos.
Parece ser que en su realidad defender un derecho humano es igual a defender los beneficios de clase y la propiedad privada. Lo más lamentable es que su discurso potencialice la guerra de clases y aliente los conflictos violentos.
Un mandatario tiene que tener claro, que su voz influye sobre todos y que acusar de traición a alguien que defiende únicamente lo que las normas señalan, es igual a fomentar el anarquismo o el fanatismo injustificado.
En un momento caótico, como lo es, la nueva normalidad, la polarización ya presente en la sociedad mexica evoluciona y se fortalece, lo que terminará sin lugar a dudas, en alguna manifestación de odio o violencia.
En conclusión, es innegable que detrás de estas declaraciones se encuentra un grito de guerra, que prepara la maquinaria electoral del régimen para las elecciones del próximo año, mientras que anuncia la tendencia del gobierno a proseguir con su autoritarismo. El mensaje es claro, apoyo incondicional y ciego, es lo que este régimen pretende instaurar.
