El Cincel
Por Rafael Hernández Estrada
Con su nueva iniciativa de reforma a la Constitución de Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdés se exhibe como reincidente de modificar el calendario político de aquél estado y ajustar las reglas electorales a su conveniencia. Para guardar las formas, ahora actuó a través de sus incondicionales en la diputación local de Morena, pero el nuevo proyecto de reforma tiene su sello.
La iniciativa propone reformar el artículo 44 de la Constitución estatal para que la elección de gobernador coincida con la de Presidente de la República, de modo que el que sea electo en 2021 solo dure en su cargo tres años y se vuelva a elegir gobernador en el año 2024.
Se vuelve a exhibir Bonilla como un violador serial de la Constitución. Recordemos que, siendo Delegado Estatal de AMLO en el estado fronterizo se autopromocionó indebidamente con recursos públicos, violando el artículo 134 constitucional; después, para ser postulado por el partido Morena al cargo de gobernador, burló los requisitos establecidos en las constituciones local y federal, que le impedían ser gobernador al ostentar la ciudadanía estadounidense; luego de ser electo para un periodo de dos años, intentó alargar su estadía en la gubernatura tres años más, intento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por considerarlo una burla a la ley; y, contrario a lo que la Constitución federal y la local establecen, acostumbra hacer mini-informes mensuales para presumir lo que él llama “sus logros”.
El gobernador bajacaliforniano actúa guiado por la divisa de gobernar en forma arbitraria, sin el debido fundamento y motivación. Parece esos leguleyos que, afuera de un juzgado y a la sombra de un huizache, acechan algún litigio no para solucionarlo, sino para enredarlo; no para buscar que el Derecho se cumpla, sino para burlarlo. Desde el principio de su mandato se apartó de su juramento y obligación de “cumplir y hacer cumplir” las disposiciones constitucionales y las leyes.
Junto con la presentación de la Iniciativa el 1º de junio ha trascendido que, dolido por el revés que sufrió en la SCJN el pretendido alargamiento de su periodo de gobierno, el plan que motiva la presentación de esta nueva iniciativa de reforma consiste en dejar al mando, por tres años, a un incondicional para luego postularse nuevamente y gobernar por seis años más, de 2024 a 2030. De confirmarse, se trata de un plan temerario, de ese tipo de temeridad que es alimentada por la ignorancia, pues el artículo 116 de la Constitución del país establece expresamente que “Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.”
Por otro lado, parecen ignorar el ejecutivo de Baja California y sus diputados afines la sentencia que apenas dictó la SCJN, mediante la que se echó abajo la Ley Bonilla, que textualmente dice que el periodo del gobernador que sea electo en 2021 será de seis años.
Tomando en cuenta este último antecedente, resulta que la aprobación por el Congreso Estatal de Baja California de esta nueva reforma marca Bonilla resulta improcedente y, muy probablemente, será tildada como inconstitucional en su momento.
Cincelada: La “vuelta a la normalidad” en pleno pico de pandemia tiene dos razones: la presión de Trump y la urgencia de irse de gira que tiene el Presidente.
