Por Arturo Prida Romero
Presidente del IX Consejo Nacional del PRD
El pasado 20 de mayo, durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó una iniciativa que modifica 14 leyes y extingue a su vez, 44 fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal (APF). Para dimensionar el alcance y las posibles repercusiones de esta propuesta, basta con decir, que estos fideicomisos en su conjunto, equivalen a 740 mil millones de pesos durante el año 2019.
Por ejemplo, esta cantidad es equivalente a 54 veces el presupuesto público federal que recibió el estado de Colima en 2019, el cual fue de 13,634 mdp. Por lo que no es cualquier cosa. Entre estos fideicomisos, que se pretenden eliminar, existen algunos sumamente importantes y fuertemente consolidados, entre ellos están: el Fondo para desastres naturales (FONDEN); el Fondo para la Protección de periodistas y defensores de derechos humanos; FIDECINE y; el de Ciencia, tecnología e innovación.
Para el caso de este artículo nos enfocaremos solamente en el FONDEN, para lo cual se debe hacer una pequeña escala al año 2019, año en el cual, el presidente adelantando su postura anti institucional, en una de sus mañaneras declaraba que en los gobiernos anteriores, éste fondo era visto como “un barril sin fondo”, en el que se declaraba el estado de emergencia de forma injustificada, con el objetivo de no hacer licitaciones y contratar bienes y servicios por medio de adjudicación directa.
¿A quién les recuerda esto? Bueno pues obviamente, al mismo gobierno de AMLO, puesto que no tiene ninguna calidad moral ni ética de llamar a sus predecesores como corruptos, cuando en el 2019 el 78.49% y en lo que va del año 2020 el 76.2% de todas las compras públicas se han realizado por adjudicación directa, para dimensionar la gravedad de estas cifras basta decir, que los dos años de gobierno del presidente se encuentran muy en promedio al 77.79% de adjudicaciones directas que el ex presidente Peña Nieto alcanzo en el 2017 (año más alto en esta medición durante su gestión) por lo que un discurso de ésta naturaleza, cuando en la realidad 3 de cada 4 adjudicaciones se hacen de manera directa, es una clara muestra de demagogia.
Como si esto fuera poco, otro elemento que olvida mencionar el presidente en su discurso eliminador de Fideicomisos es que en el caso del FONDEN y de muchos otros, quien determina por ejemplo la declaración de emergencia y el pago de bienes y servicios, es el mismo gobierno de la República, por medio de la SEGOB y la SHCP, por lo que, eliminar estos fondos por una “supuesta corrupción” es equivalente a reconocer que su gobierno es corrupto e incontrolable y que ante esta realidad insuperable mejor que se administre directamente por el presidente.
Una muestra más de su centralismo y su degeneración en el poder, puesto que la eliminación de los fideicomisos y sus reglas de operación provocará arbitrariedades aún mayores, y lo peor, no solo este año, sí no que, durante toda su administración y las que siguen. El riesgo de eliminar instituciones y que un hombre administre los recursos es muy simple, estamos ante los designios de un hombre que se siente predestinado.
En este nuevo escenario el ejecutivo determinara a quién ayuda y a quién no, frente a un desastre natural, provocando una sumisión de los poderes locales y la pluralidad política. Hay que decirlo con todas sus letras, el presidente lo que quiere es controlar las riendas políticas de todos y cada uno de los contrapesos, llámese gobiernos locales, poder ejecutivo y oposición política.
Lo anterior, por medio del control presupuestal, la pretensión es que el gobierno federal administre ese dinero, la justificación, es que lo puedan ocupar ahora para la pandemia, pero esto va más allá, busca la permanencia de su régimen.
López Obrador ya intentó obtener, por medio de un decreto disponer de recursos públicos de manera centralizada, no se debe olvidar que a principios de abril, el mandatario nacional había ordenado a todas las dependencias del Gobierno Federal liquidar los fideicomisos sin estructura orgánica y concentrar en la Tesorería de la Federación todo el dinero recuperado, a más tardar el día 15 de ese mismo mes.
Éste acaparamiento, pero sobre todo, el discurso detrás de él es una verdadera afrenta contra lo lógica y los principios federales y republicanos. Pero la desfachatez absoluta se obtiene de un gobierno que atenta contra su gente en desgracia, me refiero a las víctimas de desastres naturales.
Cabe mencionar que México está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e hidro-meteorológicos. En este sentido, el país está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de Richter; mientras que aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio Mexicano y más de una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones.
Por lo que el FONDEN, no es una ocurrencia o un programa electorero, como existen muchos, sino que es realmente una fuente de financiamiento que salva vidas y reconstruye la vida de miles de personas. Su historia se remonta a 1996 cuando se creó, y a 1999, cuando se hizo y se emitieron sus primeras Reglas de Operación.
Actualmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, requiere que al inicio de cada ejercicio fiscal, se destine una cantidad no menor al 0.4 por ciento del presupuesto federal anual sea para el FONDEN, el FOPREDEN y al Fondo agropecuario para los desastres naturales.
Para concluir, no podría dejar de mostrar que no todo lo que hace el FONDEN es bueno, puesto que también tiene sus problemas. El principal de ellos debe ser, el acceder a sus recursos, lo cual es un lento proceso burocrático que puede tardar meses y continuar a lo largo de años.
Prueba de ello, es el lapso entre la ocurrencia del desastre y la aprobación de Apoyos Parciales Inmediatos (APIN), los cuales fueron de 15.3 días en 2010 y 55 días en 2014. Difícilmente podemos pensar que recursos dados 55 días después de un desastre son “inmediatos” o que van a servir para tareas “emergentes”. Otros ejemplos de la problemática son los 34.5 días promedio que tardan en llegar los recursos en caso de sismo, o los 5 días que se requieren para ayudar a comunidades que sufrieron de los desastres considerados como más mortíferos y peligrosos, las inundaciones.
El último dato que dejare por aquí es la lamentable situación que se vivió en la CDMX en septiembre de 2017, donde un sismo golpeo duramente a la capital, es esa época la SCHP anunció que se contaban con 9 mil millones de pesos para atender el evento, derivado del FONDEN, ocho días después del desastre más devastador que ha sufrido la CDMX en décadas, la presidencia de la República, mostró su capacidad y voluntad, al anunciar en sus cuentas oficiales que se necesitaba que la ciudadanía donará lonas y cobijas, y ¿El FONDEN? Bien, allá detrás de decenas de escritorios.
