Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, fuera de toda legalidad, el atraco que en Baja California trataron de hacerle a la sociedad de este estado cuando, después de haberse hecho la elección de gobernador en julio de 2019 para un periodo de 2 años, se hiciera una reforma en el congreso local para que dicho mandato fuera por 5.
Previo a la elección, con el propósito de homologar el calendario electoral local con el federal, se modificó la constitución de la entidad para que por única ocasión el año pasado se votara para una gubernatura de dos años, misma que durará hasta el año próximo, el 2021, y en ese momento elegir a un gobernador que dure en su encargo 6 años; es decir, hasta el 2027.
Sin embargo, después de que el candidato de Morena, Jaime Bonilla, ganara esos comicios, maniobró para que se modificaran todos los ordenamientos legales con el propósito de prolongar su mandato hasta el 2024, tres años más de lo establecido en el marco normativo. Un verdadero atraco que violaba flagrantemente el Estado de Derecho y violentaba todos los principios que rigen las elecciones democráticas, consagrados en nuestra Constitución Política, especialmente el de certeza jurídica y expresamente la disposición de que solo se podrán hacer reformas de carácter electoral hasta 90 días antes del inicio de los procesos electorales.
El PRD, PAN, PRI, MC, así como el INE, la CNDH (la anterior a Rosario Piedra) y otras instituciones impugnaron ante los órganos electorales y la Corte de la Nación esta ilegal decisión, que además estuvo envuelta de acusaciones contra los diputados locales quienes habrían recibido hasta un millón de dólares por su voto. ¡Una gubernatura de Baja California bien lo vale!, se decía.
Adicionalmente amplísimos sectores de la academia, reconocidos intelectuales y personalidades, organizaciones de la sociedad civil y columnistas de renombre, hicieron patente su rechazo a esa arbitrariedad.
Estaba sembrada la sospecha de que esa maniobra de Bonilla y Morena podía ser un ensayo reeleccionista del propio AMLO .
Después de varios meses de espera, de múltiples especulaciones y de sospechas sobre si la nueva composición de la Corte, con tres nuevos ministros designados por López Obrador, amigo personal de Bonilla, iba a avalar ese fraude fenomenal, por fortuna el máximo órgano judicial del país dió la razón a quiénes impugnaron, a la Constitución misma, a los principios democráticos y a las instituciones de la república, al declarar inválidas esas reformas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en su sentencia que lo acontecido en Baja California había sido un fraude a la Constitución, a los electores y a los principios democráticos .
Eso viene a ser, sin duda alguna, un respiro en medio de tantas decisiones del gobierno de López Obrador que han puesto en entredicho el respeto al Estado de Derecho, que han hundido al país en la recesión económica desde antes de la pandemia y que ya está ahogando a miles y miles de micros, pequeñas y medianas empresas con el consiguiente despido de más de un millón de trabajadores que no podrán llevar a sus casas lo indispensable para sostener a sus familias. Esta decisión de la Corte es un suspiro esperanzador para México, ya que demuestra la efectividad de la suma de acciones por parte de las oposiciones para hacer vigente la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes.
La certeza jurídica, el respeto al marco jurídico, es la condición básica para una convivencia civilizada en donde nadie, ni como individuos, gobierno o autoridad de cualquier tipo, haga lo que le venga en gana. Por eso, ese triunfo de los opositores a Morena y de las instituciones republicanas debemos celebrarlo los defensores de la democracia. Simultáneamente hay que seguir exigiendo un acuerdo nacional para proteger los empleos y los salarios de los trabajadores y destinar mayores recursos a la salud, aun cuando irracionalmente López Obrador se opone a ello.
