El Cincel
Por Rafael Hernández Estrada
Los Servidores de la Nación, esa costosa y nada austera burocracia dorada que creó el gobierno federal a partir de la estructura de promoción del voto de Morena, será la encargada de asignar y distribuir el flamante programa “Crédito a la palabra para empresas familiares”, consistente en un millón de créditos por 25 mil pesos cada uno. Puesto que se trata de préstamos en los que el Estado invertirá 25 mil millones de pesos, los responsables de su administración también serán los que se encarguen de recuperarlos, cual emperrados aboneros, junto con los correspondientes intereses.
Criticado el presidente López Obrador por la oposición, por los sindicatos y los organismos empresariales que lo señalan como omiso por la falta de un Plan Económico de Emergencia, el 23 de abril anunció sus reciclados programas de crédito a la palabra. Serán un total de tres millones de préstamos por 25 mil pesos, pagaderos a plazos largos y con relativamente bajas tasas de interés. Dos millones de créditos serán para empresas formales que no hayan dado de baja a sus trabajadores, de acuerdo a los registros del IMSS, y otro millón se destinará a negocios informales o autoempleados, bautizados ahora como “empresas familiares”.
Impugnada por el PRD y otros partidos la carta que el IMSS remite a los beneficiarios con la autorización del crédito, el INE ordenó la supresión del nombre del Presidente en la misma, pero la dependencia gubernamental impugnó la medida cautelar. Con esta apelación se demostró que, más que mitigar la profunda crisis económica, lo que interesa al gobierno de López Obrador es continuar con su clientelismo electoral.
La otra vertiente del programa de créditos se dirige a micro y pequeñas empresas cuyos trabajadores no son dados de alta en el IMSS. Para estas empresas familiares y los autoempleados se destinará un millón de créditos, pero el principal requisito consiste en estar inscrito en el llamado “Censo del Bienestar”. Tal cual lo establecen los Lineamientos de Operación del programa, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 27 de abril, que también reglamenta que serán los Servidores de la Nación quienes seleccionarán y notificarán a los elegidos y que los mismos “volverán a contactarte para indicar el proceso de disposición de los recursos” (sic).
En ambas vertientes se observa una clara violación al artículo 134 de la Constitución, que obliga al gobierno a hacer un uso imparcial de los recursos públicos, a la vez que prohíbe que la propaganda gubernamental de cualquier tipo contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. En el primer caso, la firma del Presidente en la carta de autorización del crédito es una falta flagrante a dicha prohibición, mientras que imponer a los negocios y a los trabajadores de la economía informal el requisito de estar inscrito en un “censo” levantado con fines proselitistas, es una clara violación al principio de imparcialidad.
Además de repartir las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, las becas de los ninis, las becas estudiantiles, sembrando vida, crédito ganadero a la palabra, los dineros para la conservación y mantenimiento de las escuelas públicas, que entregan a comités electos por ellos mismos, y dado que la materia del nuevo programa es crediticia, próximamente estos Servidores de la Nación serán los aboneros de la Nación.
Cincelada: Desaparecido su predominio en la agenda pública, el presidente actúa a la defensiva, cual capitán de una guarnición asediada, bajo acoso.
