Por Arturo Prida Romero
Presidente del IX Consejo Nacional del PRD
La semana pasada el grupo de legisladores de Morena junto con sus aliados se enfrentaron contra la lógica y la razón, representadas por el conjunto de diputados y senadores de oposición de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quienes apegados a los principios republicanos, al estado de derecho y a la inadmisible intervención de un poder sobre el otro, se plantaron firmes ante otra intentona más del presidente de la república de instaurar un poder autoritario centrado en una figura presidencial omnipotente.
La iniciativa que proponían aprobar, debilita el régimen de separación de poderes y merma una atribución directa del poder legislativo, ésta no sólo ha sido repudiada por la clase política, sino por parte de académicos y representantes de la sociedad civil organizada. Todos están de acuerdo que viola la constitución y atenta directamente contra el principio de legalidad.
Sin embargo, aquí no acabará el problema, ya que sin duda una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones seguramente veremos nuevos intentos por otorgarle más y más facultades al líder autoritario de la 4T. En esta ocasión, fue posible detener a Morena y sus aliados, gracias a que la comisión permanente integrada por 37 legisladores necesitaba de tres cuartas partes de votos en positivo para aprobar un periodo extraordinario, es decir al menos 25 votos, cuando sólo tenían 24.
Los 13 votos unidos de las demás fuerzas políticas, estaban presentes y convencidos del sentido de su voto, ¡no! Al presidente. Por lo que, al verse vencidos, los legisladores del oficialismo decidieron hacer caso a las recomendaciones de salud, y declarar la imposibilidad de reunirse, aun cuando ellos mismos fueron quienes convocaron, todo esto para minimizar el resultado de la reunión, un triunfo estoico para el poder legislativo.
Este triunfo no tiene que ver con la pandemia que azota a nuestra sociedad, esto va más allá. Nuestros legisladores no se encuentran en ningún caso, insensibles ante la brutal situación que se vive en los hospitales de cada rincón del país.
Por más que quieran el presidente disfrazar estos actos en pro de la gente, la realidad es que la iniciativa claramente busca brindar una potestad absoluta de reasignación del gasto público al Ejecutivo federal. El discurso salvador es una mentira, como las bases con las que se construye el gobierno de México, simplemente basta decir que, la reforma ni siquiera está justificada por una posible parálisis legislativa, ya que el partido en el poder tiene la mayoría para aprobar y modificar el Presupuesto, como ya lo hizo con los proyectos de 2018 y 2019.
La iniciativa no busca ayudar al personal de salud ni a las miles de personas enfermas, simplemente busca otorgar más recursos a proyectos y ambiciones personales, que nada tienen que ver con la 2
salud. Como oposición, me niego a permitir una reasignación del gasto para gastar los valiosos y escasos recursos en refinerías y aeropuertos, los cuales no debemos olvidar, a través de un decreto presidencial han sido designados como proyectos estratégicos por encima de salud.
Para muestra un botón, para el ejercicio 2020, la inversión para dar continuidad a la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco es de 41,300 millones de pesos, cuando el presupuesto emergente para para la atención de la epidemia de coronavirus en el país, según declaraciones de Hugo López-Gatell, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional es de alrededor de 3,500 millones de pesos.
¿Qué significa esto? Pues que se gastara 11.8 veces más en la construcción de una refinería que no es necesaria en tiempos de insalubridad, que en la atención de equipo y personal que salve vidas. Ante esta realidad, es que la oposición no podía permitir que ante la baja de ingresos del Estado mexicano los pocos recursos disponibles se utilicen para supuestos proyectos prioritarios, los cuales ni son prioritarios.
Basta decir que, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, sólo de enero a marzo ya gasto el 97% de todo su presupuesto anual. La reasignación que busca el presidente es una manera de poder continuar con proyectos como este, los cuales no deberían de recibir más dinero, primero ante la necesidad de recursos en áreas de salud, y segundo, porque serán más caros e inútiles que las obras que pretenden sustituir.
Para concluir, no debemos olvidar que el intento de atribuir facultades metaconstitucionales al presidente, no tiene nada que ver con la preservación de la salud de la ciudanía, sino con la necesidad de dotar de más poder al Ejecutivo. No al gobierno autoritario
