Por Jesús Zambrano Grijalva
En medio de la contingencia sanitaria que ha semiparalizado al país están en marcha procesos que definirán al México del mediano y largo plazo. Esencialmente tienen que ver, por un lado, con la estrategia y actitud con la que el gobierno federal ha decidido enfrentar la crisis económica y, por otro lado, con la manera en que cada vez mayores sectores que comprenden a empresarios de todos los niveles, fuerzas políticas de toda la pluralidad opositora, académicos, diversas organizaciones de la sociedad civil y personalidades del campo democrático y progresista, están impulsando una solución que evite el cierre de negocios y el despido de millones de trabajadores, así como la protección de sus ingresos.
Esta pluralidad de voces ha planteado la necesidad de un diálogo nacional del que forme parte el gobierno para construir un acuerdo que permita hacer frente a la emergencia en un ambiente de unidad nacional. Con tal propósito, han formulado propuestas realistas. El gobierno, por su parte, ha respondido negativamente, oponiéndose a reorientar el presupuesto federal, a modificar las prioridades de inversión y concretándose en dos asuntos: un mayor recorte a los ingresos de los trabajadores del Estado, violando garantías constitucionales, así como reduciendo un 75% del gasto en bienes y servicios ya contratados con particulares para “ahorrar” poco más de 600 mil millones de pesos y destinarlos a Pemex, Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, así como a sus programas sociales, orientando solo 25 mil millones para apoyar micros y pequeñas empresas, comprendidas en un censo que en 2018 levantaron los “servidores (vividores) de la nación”, integrados por militantes de Morena. Esas decisiones las publicó como decreto en el Diario Oficial de la Federación, aún cuando eran claramente ilegal.
Ante la negativa de López Obrador para construir un acuerdo con los empresarios y la sociedad, el Consejo Mexicano de Negocios gestionó uno con el BID para destinar unos 290 mil millones de pesos en créditos a las MiPYMES (casi 12 veces lo que el gobierno decidió). Las Secretarías de Economía, Hacienda y de Relaciones Exteriores celebraron el acuerdo el pasado domingo, pero el lunes por la mañana el Presidente lo descalificó diciendo que no le gustaba “el modito”, el que se hiciera este tipo de acuerdos al margen del gobierno y que no daría su autorización, aún cuando de ninguna manera se requiere.
Adicionalmente, el decreto mencionado derivó en una iniciativa para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la pretensión de que cualquier modificación presupuestal no esté sujeta a la aprobación de la Cámara de Diputados, aduciendo “situaciones de emergencia”. Es decir, hacer a un lado al poder legislativo como órgano necesario en una democracia para el equilibrio de poderes.
AMLO pretende que estos dos poderes se concentren en uno solo y en una sola persona: la de él, contrario a lo que establece la Constitución, y que, de lograrse, significaría un verdadero “golpe blando” de Estado, perpetrado desde la Presidencia para instaurar una dictadura.
Los grupos parlamentarios opositores al gobierno (PAN, PRI, PRD y MC) se han manifestado en contra en ambas Cámaras. No obstante, sigue en curso la pretensión de Morena y AMLO de sacar adelante esta aberración.
Esos son “los moditos ” del Presidente, quien no puede admitir que otros hagan cosas sin su autorización . En lugar de admitir que hoy se requiere de la unidad nacional, atiza la confrontación, la descalificación y quiere la concentración del poder en su persona. Estoy convencido que López Obrador se mantendrá en la lógica del agudizamiento de las contradicciones buscando que se resuelvan en favor de lo que él decida, sin importar el costo que ello tenga para el país, que será muy alto en lo económico y social, así como para la vida democrática.
Es muy grave lo que está en curso. Ojalá y podamos evitar la debacle.
Artículo publicado en el Diario del Yaqui el 29 de abril de 2020
