Por Arturo Prida Romero
Presidente del IX Consejo Nacional del PRD
Durante lo que va del sexenio, la sociedad mexicana, ha sido testigo de un cúmulo de contradicciones jurídicas, pero, sobre todo, de cómo un centenar de acciones ordenadas directamente por la oficina de la presidencia aun siendo ilegales e inconstitucionales han quedado firmes.
Ni las voces conjuntas de los expertos, de la opinión pública e, inclusive ni la de los jueces han sido capaces de detener, al gobierno autoritario, que ha dejado claro que el Estado de derecho le importa poco. Al viejo estilo de las monarquías absolutistas europeas, nuestro presidente, le grita al mundo, con cada acción, el “Estado soy yo”.
Basta voltear la mirada para observar las fechorías e irregularidades que el presidente y su grupo de adoradores han realizado. ¿Quién podría olvidar las consultas populares en donde no existían listas nominales, ni siquiera boletas, en donde se decidió el rumbo de obras trascendentales para él país? ¿Quién no recuerda el despido tumultuario de personal a la entrada del nuevo gobierno? Y sólo para mencionar algunos casos muy sonados ¿Quién podrá olvidar la adjudicación directa de más del 60% de los contratos y obras públicas?
Si bien, la opinión pública ha sido muy permisiva con las acciones del presidente, la sociedad civil organizada y la oposición política han sido perseverantes en su misión de advertir y publicitar la verdad. Sin embargo, cada espacio de discusión y cada medio de difusión ha sido preparado para minimizar el horror de un presidente que viola la ley de manera permanente, escusado en un discurso salvador, pero, sobre todo, en el hartazgo de una sociedad que vive violencia y hambre desde hace décadas.
Una sociedad que se siente profundamente apartada de la vida política y de sus efectos, es fácil de manipular, un discurso simple y repetido hasta el cansancio, llevó al presidente al poder, sin embargo, esta fórmula pierde efectividad día con día. Puesto que la realidad supera el discurso, ni la corrupción disminuye, ni la economía avanza, en dos años de gobierno lo único que ha crecido es la violencia.
El régimen autoritario que pretenden desarrollar, ve cada día más lejos su realización pues la 4T pierde adeptos cómo el peso valor frente al dólar, en esta desesperación, la semana pasada sus perversos ideólogos y juristas, aprovechando 2
la desgracia en la que ha caído el país a razón de la pandemia, hicieron de las suyas una vez más, esta vez tratando de usar la crisis para esconder sus verdaderas intenciones: debilitar el poder legislativo y fortalecer el régimen presidencial.
El decreto presidencial del 23 de abril de 2020 y la iniciativa por el que se agrega un artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son en su conjunto, las propuestas más inconstitucionales y retorcidas, de su encargo, puesto que, ahora también violenta directamente derechos fundamentales y facultades constitucionales expresas de otros poderes.
El decreto es una aberración por donde se le vea, puesto que ni siquiera se encuentra debidamente motivado y fundamentado. Se tiene que decir, con todas sus letras, el decreto es un discurso elevado a norma. Los principios de los que se sustenta son las frases que le encantan al presidente, pero jamás, fue pensado para cumplir con los requisitos legales.
La situación empeora al ser vago, no especifica ni siquiera cuales subsecretarias pretende desaparecer, o que harán las dependencias para reducir en 75% sus gastos, eso sí, queda claro que tiene por objeto salvar a México del profundo daño neoliberal que le provocan, por ejemplo, el salario del personal de salud; quienes también verán mermada su retribución salarial.
El principio de legalidad, que da fuerza a todo nuestro sistema jurídico y político ha dejado de existir en este sexenio. En cuanto, a la iniciativa de reforma que, superpone la autoridad del ejecutivo en materia presupuestaria por encima de la cámara de diputados, hay poco que decir, puesto que por más que se pretenda esconder, la intención es clara, el presidente busca controlar todos los recursos públicos a su voluntad.
El poder político no le basta al presidente, necesita el poder económico, es la única manera de materializar su régimen autoritario. Esta fórmula, ya comprobó su ineficacia, al punto de que varios estados de la federación están a punto de salirse del pacto de coordinación fiscal, porque mientras la federación gasta millones de dólares en la construcción de una refinería obsoleta y un aeropuerto que no cuenta con el respaldo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la gente en las entidades muere por falta de recursos, dineros que concentra la federación.
Hay que recordar que de cada 10 pesos que se recolectan por medio de los impuestos, 7 le pertenecen a la federación. Los gobernadores ven morir a sus ciudadanos y a sus médicos por la falta de recursos, mientras ven a la lejanía el levantamiento de elefantes blancos. 3
Esa fórmula, no le sirve a México, la iniciativa en sí, es una amenaza para la estabilidad económica y el sistema de pesos y contrapesos, vulnera los principios republicanos y pervierte la transparencia, más aun, se convierte en un arma política, al no establecer que se entiende por una crisis económica o quienes están facultados para decretarla.
Menos, cuando ya empezamos a vivir la era en la que los discursos se convierten en ley. Para finalizar, no se podría dejar de mencionar que todo el procedimiento para adecuaciones presupuestales ya existe, bajo el mando y dirección del poder legislativo. Si esto fuera por la pandemia, la bancada del presidente, ya la hubiera iniciado, pero no, esto no tiene que ver con la emergencia, tiene que ver con sus miras al régimen autoritario.
