Fuera de las oficinas vacías de Avenida Insurgentes están las mujeres con tapabocas limpiando las entradas de los edificios o comiendo en baquetas públicas con su informe de limpieza.
Mientras las personas trabajadoras dejan sus oficinas para evitar contagiarse del coronavirus COVID-19, en algunos casos las empresas de subcontratación mantienen exponiendo a sus empleadas de limpieza.
Este era el caso de las conserjes que mantienen limpia la sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Hasta el pasado 27 de marzo, no gozaban del mismo derecho que el personal público del Tribunal al que se le ordenó refugiarse en casa como parte de las medidas para evitar el contagio del COVID-19.
El TFJA comunicó oficialmente el 18 de marzo que suspendía toda actividad tanto jurisdiccional como administrativa hasta el 19 de abril, “para salvaguardar la salud e integridad física de los justiciables, los servidores públicos del TFJA y sus familiares”.
Pero a las empleadas de servicios de limpieza por estar contratadas por la empresa de subcontratación que paga el TFJA, Fonatur, las obligaban a asistir al edificio completamente vacío.
Únicamente retiraron a las mujeres adultas mayores de más 65 años de edad y con enfermedades con riesgo a desarrollar enfermedad grave.
Las trabajadoras consideraban no esencial la limpieza debido que todas las oficinas estaban cerradas, pero la única explicación que su supervisor les daba es que no tenían órdenes de enviarlas a sus casas. Un mujer de 60 años, tuvo que seguir acudiendo porque no entraba dentro de las medidas preventivas.
Selene*, trabajadora de limpieza de 57 años de edad, manifestó sentirse discriminada por la diferenciación que hicieron entre el personal del Tribunal.
La conserje denunció las desigualdades laborales que enfrentan al estar contratadas por una empresa outsourcing; siente que su trabajo en el área de limpieza es desvalorado y que su salud frente a la pandemia del COVID-19 parece tener menos importancia que la del resto del personal con mayor jerarquía dentro del Tribunal -como son magistrados y magistradas-.
La limpieza ha sido una labor feminizada, las empleadas que asean el edificio del Tribunal son alrededor de 40 mujeres, hay menos de 10 hombres. En dos turnos, todas cumplen una jornada laboral de ocho horas de lunes a sábado, por un sueldo precario de alrededor de mil 900 pesos mensuales.
Con este salario las trabajadoras temen no poder enfrentar las necesidades que se presenten por la Jornada de Sana Distancia frente al COVID-19.
Selene, por ejemplo, cubre el resto de los gastos que necesita para pagar la licenciatura de su hijo limpiando hogares por las tardes, mientras otras de sus compañeras optan por doblar turnos en el edificio.
Ingresos que se podrían ver perdidos con las medidas durante la contingencia sanitaria por el coronavirus.
“Estamos exponiéndonos”, dijo preocupada Araceli, otra trabajadora de limpieza de 52 años de edad, que también viaja desde el Estado de México en un transporte público repleto para cumplir con la limpieza de un edificio sin operaciones, esto a pesar de los llamados desesperados del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, de reducir en el gobierno Federal tareas que no “pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución”.
Fue hasta que Cimacnoticias se comunicó con el área de comunicación social del TSJA para conocer por qué mantenían los servicios de limpieza activos, que la instancia contactó al contratista de limpieza para “recomendar” que las conserjes dejaran de asistir.
Finalmente este lunes 30 de abril, que el Consejo de Salubridad General realizó la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por causa de fuerza mayor por el coronavirus Covid-19, las conserjes de limpieza fueron notificadas que dejaran de ir, se cubría su sueldo íntegro, les prometieron.
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha puesto a la luz las prácticas y violaciones de derechos laborales que mantienen las empresas outsourcing: van desde las solicitudes de renuncia voluntaria, hasta el mantenimiento de actividades a pesar de las emergencia sanitaria.
En la Avenida Insurgentes, por ejemplo, es constante ver fuera de los edificios a trabajadoras de limpieza con cubrebocas.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla desde 2012 -con la reforma laboral- la subcontratación y señala que no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo; deberá justificarse por su carácter especializado; y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
Actualmente en el Senado de la República está en debate un proyecto de dictamen para regular el outsourcing.
En casos como la Cámara de Diputados se empleó el pasado 2 de marzo al personal de limpieza quienes estaban contratadas por medio del régimen externo. Con esto gozan de otros derechos como prestaciones como despensa, ayuda de transporte, previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida.
Sin embargo, otras dependencias mantienen este tipo de contratación que ante el COVID-19 revela la vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras.
CIMac
