Por Jesús Ortega Martínez
Antes del COVID19, las y los mexicanos ya sabíamos, por experiencia propia, del colapso de nuestro sistema público de salud. Durante décadas y con varios presidentes de la república de por medio, la insuficiencia o de plano la carencia absoluta de médicos, enfermeras y otro personal se hizo algo habitual. Lo mismo sucedía con los medicamentos que, en el IMSS, el ISSSTE, y en los hospitales y clínicas estatales, se volvieron productos de alta demanda.
Adquirir medicamentos para enfrentar enfermedades complejas o graves se convirtió en una odisea para los enfermos y sus familiares. El caso de las personas infectadas con VHI se convirtió en un asunto de atención nacional, como igualmente sucedió con las niñas y niños enfermos de cáncer a quienes les fueron suspendidas sus sesiones de quimioterapia, debido a que los medicamentos no fueron adquiridos a tiempo por la administración pública federal y por las direcciones medicas correspondientes. El drama de niñas y niños con cáncer se recrudeció a tal grado de que varios de ellos fallecieron por esta neglicencia criminal de las autoridades administrativas del sector salud. Pero igual sucedía con la diabetes, complicaciones renales, cardiopatías, hipertensión, y un largo etcétera.
Súmenos a esto la crisis financiera y operacional de las dos instituciones pilares del sistema público de salud en México. El IMSS y el ISSSTE están en franca quiebra, y su función de garantizar acceso a la salud y la seguridad social de los trabajadores mexicanos es una quimera. El que fuera ejemplar modelo mexicano de seguridad social, es, ahora, una ruina, una carga para el conjunto de la población, y desde luego, es claramente deficiente su función de garantizar a las y los mexicanos el acceso a la salud.
Esta situación es responsabilidad de una pésima gestión durante varios gobiernos, desde Echeverría hasta López Obrador y pasando por López Portillo, De La Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Esto es verdad, pero el triunfo del candidato de morena se sostuvo en el compromiso, entre otros, de recuperar al IMSS y al ISSSTE como garantes de este derecho humano. Tal compromiso de López Obrador resultó en un engaño y la mejor evidencia de ello, es que tanto en el presupuesto de 2019 como el de 2020, los recursos destinados a la salud, aparte de insuficientes, sufrieron recortes francamente criminales, y ello con el deleznable propósito de garantizar los programas clientelares del presidente y sus absurdos proyectos, como la refinería de dos bocas, el tren maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Los tres inconsistentes desde el punto de vista técnico, sustentable y financiero, y todos verdaderos caprichos de López Obrador.
Es trágico que se recorte el presupuesto al sector salud para financiar los locos proyectos del presidente, pero más funesto que durante los tres primeros meses del 2020 ya exista un sub ejercicio del 58%. En un país de tanta pobreza como el nuestro, hacer recortes al presupuesto de salud, y que en este exista sub ejercicio resulta hasta perverso.
Todo este panorama se ha agudizado con la pandemia, y el hecho es que en México no tenemos, ni cercanamente, el número necesario de pruebas para diagnosticar la infección, ni el número necesario de respiradores mecánicos, ni el número de camas de hospital equipadas para atender a los infectados, ni los equipos de protección indispensables para los médicos, enfermeras y demás personal en los hospitales y clínicas.
El propio Subsecretario Gatell lo ha reiterado. Se harán pruebas de diagnóstico sobre el covid19 solo a una muestra que ni siquiera llegara al uno por ciento, y junto con el presidente reconocen que apenas cuentan con cinco mil respiradores mecánicos y 30 mil camas hospitalarias.
Evidentemente que esto es insuficiente para atender la emergencia. En el colmo de la improvisación el propio presidente ha informado, el pasado viernes, que quieren comprar cinco mil respiradores más. esta información evidencia que el gobierno no previó esta y otras necesidades y, con ello, seguramente, la crisis se agudizará.
Algo que caería en la categoría de felonía, es que el gobierno quisiera ocultar la información para minimizar los daños de su improvisación, de su irresponsabilidad y de su homicida ignorancia. Lo están intentando y solo la gente, con su acción social y política, podría impedirlo.
