Por Arturo Prida Romero
Presidente del IX Consejo Nacional del PRD
La primera quincena de enero, trajo consigo un importante anuncio para la vida jurídica de nuestro país, el gobierno de México, por medio de la Fiscalía General de la Republica, preparan una reforma en materia de justicia, la cual pretende incluir modificaciones sustanciales al Poder Judicial de la Federación y a lo que hoy en día se conoce como sistema de justicia penal acusatorio.
Estas supuestas modificaciones iban a ser presentadas el pasado 15 de enero, sin embargo, por discrepancias en el contenido, entre las altas esferas del Poder Judicial y la oficina de la presidencia, la presentación oficial fue pospuesta para los primeros días de febrero. El aplazamiento es signo de una división ideológica, pero sobre todo material entre los principales actores del sistema de justicia penal, los jueces por un lado y los ministerios públicos por el otro.
La razón primordial de estas discrepancias es simple, la seguridad pública no mejora, y la opinión pública y los especialistas en torno al tema de seguridad buscan culpables. Los borradores de la reforma que supuestamente se presentará, responsabilizan a los jueces de los pocos resultados y de la vorágine de inseguridad que cubre al país. Mientras, que los impartidores de justicia, acusan a la Fiscalía General de la Republica y a sus símiles en los estados de ser los responsables del efecto “puerta giratoria”, puesto que aluden que en la mayoría de los procedimientos que turnan los ministerios públicos, éstos son realizados con serias deficiencias.
Pero, ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es más culpable? ¿Es necesario una contra reforma que revierta al sistema de justicia penal? Para contestar éstas preguntas es necesario auxiliarnos del reporte Hallazgos 2018 Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, elaborado por México Evalúa, el cual en síntesis presenta una evaluación amplia de la operación del sistema de justicia penal en México, con posterioridad a la reforma de 2008 en la materia.
Por un lado, comenzaremos con la postura de la fiscalía y observaremos que tan eficientes son los jueces, para ello, analizaremos el porcentaje nacional de los asuntos que fueron vinculados a proceso, en el año 2018.
De lo que descubriremos que del total de asuntos que se trabajaron en 2018, en el 21.7% del total, se determinó suspensión condicional del proceso; el 10.1% se derivó a algún mecanismo alternativo de solución de controversias; el 47.2% se encuentra en trámite ante el juez de control; el 10.4% se fue a procedimiento abreviado y el 7% a juicio oral, mientras que sólo un 3.6% se ha sobreseído.
Por lo que, es fácil apreciar que la fiscalía tiene un punto valido puesto que casi la mitad de asuntos del año pasado se encuentran trabados ante el juez de control, figura que según las filtraciones de las propuestas de reforma, buscan eliminar. Aunque estos datos aún no son suficientes para 2
determinar quién es más culpable de los malos resultados de impartición de justicia.
Pero si tenemos aquí un foco rojo, es una realidad según las cifras, que el sistema se encuentra saturado por la carga de trabajo de los jueces de control. Todo parece indicar que el cuello de botella se da después de la vinculación a proceso y antes del juicio oral, es decir, durante la investigación complementaria y en la etapa intermedia.
Por otra parte, podemos proyectar que este atraso podría ser causado por la mala investigación que realizó el Ministerio Público, y que la tardanza se deba en parte, a las investigaciones complementarias que éstos realizan.
Ahora bien, analicemos que tan eficiente es el trabajo de la fiscalía, ya que como se puede observar, a nivel nacional, de las investigaciones que se lograron judicializar, la gran mayoría fueron con detenido 89.9%, mientras que sólo 10.1% se judicializaron sin detenido, lo que parece ilustrar la poca eficiencia en la investigación de los delitos.
Dicho en otras palabras, en México sólo uno de cada diez presuntos delincuentes fueron llevados ante la justicia por el trabajo de investigación de la fiscalía, parece ser evidente que alguien no realiza bien su trabajo, puesto que los MP sólo presentan ante los jueces a personas que fueron detenidas en fragancia, denostando un gran problema, puesto que la posibilidad de que el denunciante de algún tipo delito donde se desconoce al presunto responsable logre justicia es tan sólo del 10% .
No obstante, las presentaciones de presuntos delincuentes sean como fueren, deberían de garantizar la justicia para las víctimas, sin embargo, llama la atención el hecho de que el 21% de las detenciones a nivel nacional fueron calificadas como ilegales; es decir, que el juez determinó que no fueron realizadas en apego a los requisitos constitucionales y legales, provocando que 2 de cada 10 presuntos responsables fueran puestos en libertad.
De esta manera es que el efecto “puerta giratoria” funciona, lo verdaderamente alarmante es que existen estados donde más del 60% de las detenciones fueron calificadas como ilegales (San Luis Potosí 71.7%, Chiapas 65.1% y Puebla 63.3%) por lo que en mi opinión, es verdad que existe culpa en ambos lados del sistema, pero existe un claro vencedor cuando el trabajo policial y del MP de un estado alcanza un error de 7 de cada 10 detenidos.
Algo todavía más alarmante es que la actual administración busque la eliminación del principio de la presunción de inocencia y pretenda la restauración de la pena de prisión preventiva en todos los delitos ya que si de por sí, con la entrada en vigor de la reforma de 2008, la población penitenciaria en el fuero común durante 2018 estuvo distribuida entre un 36.7% de personas que se encontraron en prisión preventiva, y un 63.3% que han sido sentenciadas.
Dicho de otra forma, es innegable que el sistema de por sí viola derechos fundamentales, para 4 de cada 10 reos, por lo que, la restauración de un modelo que privilegie la pena corporal aún sin sentencia definitiva provocará que más de la mitad de personas que se encuentran en un centro de readaptación estén ahí sin ser juzgadas todavía.
Para concluir, debo hablar acerca de la efectividad integral del sistema, el cual sigue siendo pésimo, puesto que la medición del Índice de Impunidad para 2018 muestra que la media nacional de impunidad es de 96.14%.
Por lo que, en mi conclusión, ambos bandos son culpables de la crisis de justicia que azota a nuestro país, sin embargo, la propuesta de la actual administración no provocará mejora alguna a la problemática, sino que todo lo contrario, lo único que provocará es que existan más personas detenidas sin una sentencia y juicios más largos.
Ha mi parecer esta medida sólo busca crear en la opinión pública la idea de que, penas más duras provocan mejores resultados, pero se sigue sin atacar el problema, la falta de presupuesto y capacitación para las policías y fiscalías de todo el país.
Aunque más allá del monto, lo fundamental es que los recursos asignados sean aplicados de la manera más eficiente posible para el cumplimiento de las condiciones de operación óptima del sistema de Justicia, ya que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, las instituciones federales han aplicado de forma deficiente los recursos asignados para la operación del sistema.
La actual administración ya ha aprobado cambios constitucionales y legales que tendrán un impacto no menor en la operación del sistema, como la creación de la Guardia Nacional y el aumento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los cuales son abiertamente incompatibles con un modelo acusatorio, la propuesta de reforma que presentarán en unos días, necesaria o no, se basa en una falsa premisa y lamentablemente, para muchos expertos en la materia, los cambios legislativos propuestos terminarán siendo contraproducentes.
