Galeria Diversa
Por Antonio Medina Trejo
Los sacerdotes católicos que han violado niños, niñas, jóvenes y monjas son impunes en México. No sólo los protege el Estado Vaticano, sino el mismo gobierno, que a pesar de denuncias presentadas con pruebas y testimonios ante autoridades civiles, no son resueltas ni se castiga a los victimarios; mientras tanto, al interior de los espacios religiosos el silencio sepulcral y complicidad es lo que priva.
Esas historias de terror y violencia sexual en la Iglesia Católica de México no son nuevas. El caso más sonado es el de Marcial Maciel, el depredador sexual que fundó la poderosa orden Los legionarios de Cristo a mediados del siglo pasado.
Un personaje que ha sido protegido por el gobierno mexicano los últimos tres sexenios es el ex Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera Carrera, quien protegió al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera que violó a más de medio centenar de niños en la Sierra Negra de Puebla desde los años 80. El caso fue encubierto por Rivera Carrera y por el obispo Roger Mahony de Los Ángeles, localidad a la que fue trasladado el padre Aguilar para que evadiera la justicia mexicana y donde también tuvo 26 denuncias de abuso sexual en el tiempo que permaneció en aquella diócesis.
El caso no prosperó en México por la protección de las autoridades judiciales del estado de Puebla y de la Procuraduría General de la República, que entre otras cosas, debieron juzgar al entonces Cardenal por haber sido omiso con la justicia mexicana y no haber actuado como estipula el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, que obligan a todo el personal de las iglesias (icluidos los jerarcas) a denunciar civilmente cualquier delito cometido al interior de sus congregaciones, cosa que no hizo Norberto Rivera a pesar de conocer de viva voz los testimonio de niños violados.
El mismo Rivera Carrera ha expuesto que él dio aviso a la Santa Sede cuando menos de 15 sacerdotes que habían incurrido en delitos sexuales en los años en que fue Obispo en Pueba y aún como Arzobispo de México.
El asunto es que El Vaticano es un Estado extranjero que tiene procedimientos y leyes internas y juzga de acuedo a sus reglas, pero los delitos cometidos por sacerdotes en México en los ámbitos religiosos debieron ser denunciados por Rivera Carrera ante la justicia civil mexicana antes de hacerlo a la justicia vaticana, que ha tapado con su manto omnipotente de impunidad, tanto al Cardenal Rivera como a todos los sacerdotes que éste encubrió, entre ellos al mismo Marcial Maciel.
Al no proceder correctamente el ex Cardeal, incurrió en un delito, que, de acuerdo a los testimonios dados por defensores de las víctimas, como el ex sacerdote Alberto Athié, la justicia mexicana debería de haberlo procesado legalmente pues en declaraciones vertidas por Athié a diversos medios, Norberto Rivera sí sabía de los casos debido a que los había denunciado al Vaticano.
Hoy en día los ilícitos del prelado mexicano están impunes y goza de total libertad en su cómodo retiro ya que lo protege la ley que estipula que después de 10 años de cometidos los delitos de orden sexual, éstos prescriben.
Ante esa “suerte” de Norberto Rivera de no ser enjuiciado a pesar de las pruebas en su contra, Athié considera que es un jerarca exitoso en cuanto a que nunca la justicia mexicana lo quiso procesar a pesar de tener todos los elementos legales en su momento para hacerlo.
Recientemente se ha dado a conocer por parte de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) que esa institución ha procesado a 426 sacerdotes por delitos sexuales. De hecho, ya han expulsado a 173 clérigos de sus parroquias, que han sido denunciados en 64 dióses de las 95 que existen en México. Esta información se da casi a la par de que el papa Francisco ha retirado la obligatoriedad del secreto sacerdotal cuando se sepa de prelados que han violado infantes, jóvenes o mujeres. Así mismo, ordenó la expulsión del sacerdote mexicano Fernando Martínez, acusado por la periodista Ana Luz Salazar de violencia sexual.
Ante esa decisión papal, Salazar, que denunció el abuso sexual que ejerció contra ella ese sacerdote cuando era niña y estudiaba en un colegio de Los Legionarios de Cristo, expresó en una carta pública su rechazo a esa medida del Papa por considerarla mínima y hasta humillante para las víctimas, pues no pone al agresor sexual ante la justicia civil, lo expulsan “por el bien de la iglesia, no de las víctimas” y lo siguen protegiendo.
De acuerdo a información recabada por quien esto escribe, la CEM está negociando con unos cuantos denunciantes para acallar el asunto y evitar que tanto Norberto Rivera Carrera (que goza de la amistad y protección del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador) como decenas de sacerdotes pederastas, sean procesados legalmente.
El argumento que explican es que “el mismo Estado mexicano ha sido cómplice de la iglesia”, por lo que ya no se puede hacer nada en contra de Norberto Rivera Carrera y prefieren negociar la reparación del daño de nuevos casos y evitar que se sigan presentando denuncias. Ante este argumento, Ana Luz Salazar expresa su rechazo a esa estrategia de quienes trabajan con la CEM (personas muy cercanas al partido Morena) y opta con otras víctimas seguir denunciando públicamente para lograr la justicia y castigo de los violadores sexuales en instancias judiciales.
Ante este panorama de impunidad y encubrimiento de la violencia sexual al interior de la Iglesia Católica, urge que el gobierno mexicano haga valer la laicidad de nuestra República, pues esos delitos no pueden ser juzgados por el Estado Vaticano con base en sus reglas internas, sino por las instituciones civiles y judiciales del Estado mexicano.
El gobierno actual tiene el gran reto de modificar la ley que permite la prescripción de delito sexual para poder enjuiciar a quienes hayan incurrido en violaciones sexuales, pues el traumatismo de ese tipo de violencia no prescribe a los diez años, pervive toda la vida.
@antoniomedina41
